Más de 20 iglesias evangélicas amenazadas con cierre y confiscación por multas "inventadas" en Nicaragua
Más de 20 representantes de iglesias evangélicas de Nicaragua se aglomeraron en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) para enfrentar una situación alarmante: el pago de multas arbitrarias de más de 20 mil córdobas.
Según los afectados, estas multas carecen de fundamento legal y parecen ser una táctica más en la ola de represión contra las voces disidentes en el país.
Funcionarios del Ministerio del Interior les informaron que, de no pagar las multas, sus iglesias serían cerradas y sus bienes confiscados.
La denuncia fue hecha por la abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, quien documenta la persecución religiosa en Nicaragua tanto a católicos como evangélicos.
“El Ministerio está realizando cobros injustificados a las iglesias cristianas evangélicas. Las que se han visto obligadas a pagar a lo inmediato bajo la amenaza de ser confiscadas todas sus propiedades y también de abrirles algunos procesos penales”, afirmó Molina a 100%Noticias.
Esta situación ha generado consternación e indignación entre la comunidad evangélica nicaragüense, quienes ven en estas acciones una clara violación a la libertad religiosa y un ataque directo a su fe.
“Más de 20 denominaciones religiosas que fueron multadas han ido a hacer la cancelación en recibos de más de veinte mil córdobas y los pastores evangélicos se encuentran indignados ante esta situación”, agregó Molina.
De acuerdo, a Molina, las multas se basan en acusaciones inventadas y no se les ha brindado la oportunidad de defenderse o apelar las decisiones.
“Los que van a sufrir más es la población, los fieles a quienes ellos atendían a través de proyectos humanitarios”, reconoció Molina.
La comunidad evangélica nicaragüense ha expresado su preocupación por el clima de intimidación y hostigamiento que se vive en el país.
“Esto es parte de la persecución y represión de la dictadura sandinista en contra de la libertad religiosa y los pastores quedan sin salida porque si se niegan a pagar entonces inmediatamente va a ser confiscados y los fieles evangélicos ya no llegarían a participar de los cultos y no tendrían un espacio físico donde reunirse”, reprochó Molina.
En los último seis años, se han registrado más de 300 casos de cierre de iglesias, cancelación de personalidades jurídicas y detención arbitraria de líderes religiosos.
A pesar de esta situación, en abril pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a líderes de al menos una decena de denominaciones evangélicas emitir comunicados ordenó a líderes de al menos una decena de denominaciones evangélicas emitir comunicados de respaldo asegurando que en Nicaragua existe “plena libertad” religiosa.