CIDH condena confiscación ilegal de bienes y cierre masivo de organizaciones en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves al régimen de Daniel Ortega por cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al menos 700 de índole religiosa. La CIDH también denunció que sus activos han pasado de forma ilegal al Estado de Nicaragua.
“Esta acción intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país”, denunció la organización.
La CIDH recibió una denuncia el 19 de agosto pasado que revela la cancelación arbitraria de la personería jurídica de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
Esta medida, fundamentada en el acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, se atribuye a la supuesta omisión en la presentación de estados financieros.
La decisión no solo afecta la existencia legal de estas entidades, sino que también pone en riesgo sus activos, los cuales serán transferidos al Estado.
“Las causas de la cancelación habrían sido ‘no reportar’ sus estados financieros por períodos que oscilan entre uno y 35 años. Además, establece que el destino de los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones corresponderá a la Procuraduría General para su traspaso a nombre del Estado”, denunció la CIDH.
Por otro lado, la CIDH CIDH enfatiza que el 16 de agosto, “la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la presentación de iniciativas legislativas que buscan establecer un nuevo modelo de funcionamiento para las organizaciones no gubernamentales, denominado ‘Alianzas de Asociación’”.
Este modelo, que exige la aprobación gubernamental para todos los proyectos de la sociedad civil, representa una nueva restricción a la autonomía de estas organizaciones y refuerza la tendencia hacia la concentración del poder estatal.
Para la CIDH, la cancelación masiva de personería jurídica de 1.500 organizaciones civiles, junto con la propuesta de un nuevo modelo de funcionamiento para las ONG, evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua.
“Estas acciones evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua. Esta se hace posible por la subordinación de todos los poderes al Ejecutivo, documentada ampliamente por la Comisión”.
La CIDH ha documentado el cierre de más de 5,000 organizaciones, incluyendo más de 1,200 religiosas y en 2024 ya suman más de 1,600 organizaciones canceladas, en la mayoría de estos casos los bienes han sido confiscados y pasados al Estado de forma ilegal.
La CIDH reiteró su llamado urgente al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente las acciones represivas y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país.