Golpe a universidades en Nicaragua por pago de servicios básicos de agua y luz, denuncian estudiantes
La reciente reforma a la Ley 89 reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que obliga a las universidades públicas nicaragüenses a asumir los costos de los servicios básicos, fue calificada como "un duro golpe", denunció el grupo juvenil “Acción Universitaria”.
Esta medida, aprobada con el voto a favor de 89 de los 91 diputados, obliga ahora a las universidades y centros de educación técnica superior a pagar los costos de servicios básicos como agua, electricidad, teléfono y correos.
Para Acción Universitaria, esta decisión es solo un eslabón más en una cadena de ataques que evidencian la intención del régimen de Daniel Ortega de socavar la autonomía universitaria y de negar a las instituciones los recursos necesarios para cumplir su función social.
En este sentido, en un contexto de precarización presupuestaria y condiciones laborales precarias, las universidades nicaragüenses se ven cada vez más debilitadas.
“La educación superior en Nicaragua ha sido históricamente un baluarte de pensamiento crítico y resistencia. Con esta reforma, se vislumbra un futuro en el que las universidades se ven más restringidas, no solo en su capacidad económica, sino también en su papel como espacios de libertad y debate”, indica un pronunciamiento de Acción Universitaria.
La organización advierte que las consecuencias de esta medida se harán sentir de manera inmediata, afectando principalmente a los estudiantes las consecuencias de esta medida se harán sentir de manera inmediata, afectando principalmente a los estudiantes, quienes podrían enfrentar recortes en becas y dificultades para acceder a una educación de calidad.
Ante esta situación, la comunidad académica deberá redoblar esfuerzos para defender la autonomía universitaria y resistir los intentos del régimen de socavar uno de los pilares fundamentales de una democracia: un sistema educativo libre y democrático.
Resulta contradictorio que el régimen de Ortega, al mismo tiempo que argumenta que las universidades gozan de plena autonomía financiera, imponga nuevas cargas económicas que limitan su capacidad de acción, socavan su independencia e incluso amenazan su subsistencia.