Aumenta la presión internacional sobre Daniel Ortega

La crisis nicaragüense está lejos de acabar. Numerosas organizaciones internacionales expresaron su preocupación ante la muerte de más de 350 ciudadanos y la continua represión de las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, llamó con urgencia al Ejecutivo y a las Fuerzas de Seguridad "poner fin inmediato" a la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias.

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Además, la inquietud aumenta debido a la última norma aprobada por la Asamblea Nacional: la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La legislación indica que "quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar (...) será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión".

Naciones Unidas condena el actuar del Gobierno nicaragüense

La norma produjo el pronunciamiento del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien denunció que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta".

De igual forma, indicó que las fuerzas de seguridad son responsables "de la gran mayoría de muertes ocurridas durante las protestas".

Colville resaltó que "vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas".

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Las declaraciones se producen luego de que, este lunes, 16 de julio, el secretario general del organismo, António Guterres, calificara como "inaceptable" el uso de la fuerza y la cantidad de muertes que se han registrado durante las manifestaciones.

"Es una responsabilidad primaria de los Estados la protección de sus ciudadanos. El número de muertos es totalmente inaceptable. Hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable", puntualizó.

Una docena de países latinoamericanos, preocupados por la violencia en Nicaragua

El mismo lunes 16 de julio, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su "preocupación" por la situación de Nicaragua.

Las doce naciones denunciaron en un comunicado la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" que se produce en ese país en medio de las manifestaciones contra el Ejecutivo.

Asimismo, expresaron "su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos".

Los países instaron a reactivar el "diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país".

La OEA votará resolución para condenar la violencia en el país

Entretanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles, 18 de julio, un Consejo Permanente para votar una resolución que condena la violencia y que ha sido impulsada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos.

El documento actual, que es un borrador y que puede ser modificado por el Consejo, incluye una solicitud directa al Gobierno para que cese el actuar de los grupos paramilitares.

La reunión se produce luego de que, en junio, durante su Asamblea General, la organización adoptara una declaración que pedía el "cese inmediato" de la violencia. Sin embargo, la medida fue considerada poco comprometedora y no responsabilizaba al Ejecutivo de Daniel Ortega.

Posteriormente, la OEA celebró varios Consejos Permanentes sobre la situación en el país.