CEJIL acusa a Ortega de mantener impunidad y violación a DDHH
La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) afirmó este viernes que el Gobierno de Nicaragua busca mantener la impunidad y las violaciones a los derechos humanos al impedir las investigaciones de los hechos violentos durante la crisis sociopolítica que atraviesa ese país.
“Los obstáculos que Nicaragua está imponiendo (…) demuestran que las autoridades están determinadas a que haya impunidad y que las violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo”, aseguró CEJIL en un pronunciamiento.
La organización acusó al Gobierno orteguista de poner obstáculos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo de Seguimiento (MESENI), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
CEJIL expresó su “profunda preocupación” porque el Estado nicaragüense “impide investigar algunos de los hechos ocurridos en este país y apoyar a las autoridades en garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos”.
El GIEI denunció el jueves que no ha logrado tener acceso a información tras iniciar sus labores en el país el pasado 2 de julio, después de suscribirse un acuerdo con el Estado, para coadyuvar en la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
GIEI no cuentan con acceso a los expedientes de los procesos penales abiertos, los informes técnicos, los registros sobre personas asesinadas, entre otros, señaló CEJIL.
“Condenamos esta actuación del Estado, la cual desvela su falta de voluntad para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico, la que implica garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se identifiquen, juzguen y sancionen a la totalidad de los responsables”, manifestó CEJIL.
La organización exigió al Estado que entregue la información disponible y que elimine cualquier barrera para que los órganos internacionales puedan cumplir con su labor de investigación.