CIDH brinda más de 100 medidas cautelares a nicaragüenses
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha emitido 114 medidas cautelares a personas que se encuentran en riesgo grave y daño irreparable a sus derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica en que se encuentra Nicaragua desde el pasado mes de abril y que ha cobrado la vida de más de 480 nicaragüenses.
Además, la CIDH ha adoptado medidas para proteger la vida de los familiares de personas que encuentran en riesgo en Nicaragua.
La última resolusión de la CIDH se adoptó este 17 de septiembre y otorgó medidas cautelares a favor de Yerling Marina Aguilera Espinoza, Jéssica del Socorro Cisneros Poveda, Ana Otilia Quirós Víquez, Francisca Amanda Centeno Espinoza, María Elena Rivera Cáliz, Martha Eugenia Munguía Alvarado, Shakira Simmons Obando, María del Carmen Castillo Meneses, Petrona Pérez Varela, Leonila Amparo Arguello Chavarría, Orlenda Junieth Cruz Ruiz, Jennipher Diana Ellis Williams, Reyna Isabel Rodríguez Palacios, Juana Antonia Jiménez Martínez, Azahalía Isabel Solís Román, Maritza García Sevilla, y Juana Mercedes Reyes Pérez, así como sus núcleos familiares.
Según la solicitud, las beneficiarias son defensoras de derechos humanos y son objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia en el marco de sus labores. La Comisión observó que los eventos de riesgo informados estarían relacionados con la condición de mujeres de las beneficiarias y en algunos casos estarían motivados en su orientación sexual.
La CIDH en su comunicado, insta al Estado de Nicaragua "a implementar de manera efectiva e inmediata las medidas cautelares otorgadas ante la información recibida por el MESENI, según la cual, personas beneficiarias de medidas cautelares continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento", se lee.
Por otro lado, la Comisión dejó claro que están informados sobre el exilio que han tenido que tomar algunas personas que gozan de las medidas cautelares.
"La Comisión ha sido informada que incluso algunas personas beneficiarias habrían tenido que desplazarse fuera del país en vista de su situación de riesgo. La CIDH reitera que tal y como ha sido indicado en las resoluciones adoptadas, el Estado debe asegurar tanto que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las y los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros. La CIDH ha solicitado asimismo al Estado informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las medidas cautelares y concertar las medidas adoptarse con las y los beneficiarios y sus representantes".