Alerta de posibles delitos financieros por funcionarios nicas, extensiva a bancos en Nicaragua

La alerta que Estados Unidos emitió ayer sobre el “riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por este”, también se extiende a las entidades bancarias del país, aseguró el economista Néstor Avendaño.

El Departamento de Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), advirtió que “figuras políticas de alto rango” vinculadas con el gobierno de Ortega “podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios”.

Ante esa posibilidad, la FinCEN pidió a los bancos norteamericanos poner mucha atención y denunciar algún tipo de sospecha.

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Avendaño explica que esta alerta ocurre porque Nicaragua “está puesta en la mira en cuanto a la aplicación de la Ley Global Magnitsky”.

“Si un banco en Nicaragua envía una transacción a un país asiático o europeo, el tránsito de esa transferencia pasa ineludiblemente por un banco de los Estados Unidos, ahí analizan los montos, el destinatario, todo lo pertinente a asegurar esos montos, esto es lo que está ocurriendo después que Nicaragua está puesta en la mira en cuanto a la aplicación de la Ley Global Magnitsky”, dijo.

El economista, además refiere que la Unidad de Análisis Financieros (UAF) debe evitar depósitos de personas sancionas por Estados Unidos, y que esta, tanto como la Superintendencia de Bancos “tienen que jugar un papel para proteger la imagen de los bancos e impedir que en Nicaragua sea cuestionada posteriormente por un banco estadounidense que le quite la corresponsalía a un banco nicaragüense por haber transferido dinero con origen dudoso”, pues si esto llegara a ocurrir se cerraría un banco.

Avendaño opina que la alerta es un mensaje a los bancos nicaragüenses que tienen bancos corresponsales en Estados Unidos, para velar por el orden jurídico y su credibilidad; y para evitar más problemas a la economía de Nicaragua.