Gobierno faculta a la UAF para realizar “espionaje financiero”

La publicación en La Gaceta, el pasado 3 de octubre, de los reglamentos a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, (Ley 976) y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva (Ley 977),  da lugar a que la UAF obtenga información de personas y empresas, sin el consentimiento de los mismos.

La UAF podrá tener diversa información sobre las personas y también de ocho empresas, que poseen la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduana (DGA). Asimismo podrá saber el registro del estado civil de las personas, que maneja el Consejo Supremo Electoral (CSE); el registro de empleadores y empleados (con sus salarios) del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); así como los movimientos migratorios registrados en Migración y Extranjería.

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De acuerdo al exdiputado José Pallais, la aprobación de estos reglamentos solo “confirma que la intención de esa iniciativa va en la dirección de crear una estructura de espionaje financiero, por cuanto se le está dando facultad a la UAF para tener acceso en línea a toda la información que recoge la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduana (DGA), Superintendencia de Bancos, apartando de la lógica de esta institución (UAF)”.

Para Pallais, este reglamento va en contra de los principios con los que se creó la UAF para responder o reaccionar cuando se da una “operación sospechosa” (lavado de dinero). “Ahora no se requiere esto, sino que se faculta que toda la información de todo ciudadano en sus actividades económicas pueda ser esculcada por esta oficina”, explicó.

El artículo 12 de la Ley 976 expresa que “la UAF podrá requerir la colaboración de otras instituciones para conducir los análisis estratégicos, cunado estas instituciones tengan acceso a información de interés de la UAF”.

De este modo, la policía, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República “establecerán los procedimientos para realizar la retroalimentación de los informes remitidos por la UAF”.

Pallais explicó que con esta acción, el gobierno de Daniel Ortega está “agenciándose de una arma política para usarla a su favor e investigar a aquellos que adversan”. “Están dotándose a la oficina de espionaje política, convirtiendo las obligaciones del país, en materia de la UAF, en un arma política para perseguir indiscriminada y generalizada a sus propios ciudadanos”, señaló.

La Policía le dará acceso a la UAF sobre los antecedentes de los ciudadanos, registro vehicular, y al de portación de armas.
 
Esta acción también abarca las organizaciones sin fines de lucros, el cual la UAF valorará “si están cumpliendo con los objetivos por los cuales se constituyeron y se les otorgó personalidad jurídica”, y hasta “la identidad verdadera de sus miembros y donantes, sean estos nacionales o extranjeros”.