Policía sandinista cumple amenazas contra marchas pacíficas

La Policía sandinista usó bombas aturdidoras, golpes y realizaron 38 arrestos ilegales en la marcha "Unidos por la libertad", que la Unidad Nacional Azul y Blanco intentaba realizar en Managua en repudio al Gobierno de Daniel Ortega.

Entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), denunciaron los organizadores de la protesta.

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"No disparen", "libertad", gritaban los manifestantes a los agentes que de forma violenta los rodearon en el parqueo de un centro comercial, donde se estaban agrupando para iniciar la marcha.

Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a las patrullas policiales.

Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir.

"No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión", declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.

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La policía sandinista anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo.

Cientos de agentes antimotines fueron desplegados a primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha entre la rotonda Jean Paul Genie a la Rubén Darío.

"No vamos a pedir permiso para marchar (…) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes", dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.

"Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. ¡La represión no es la solución! ¡Basta ya de detenciones arbitrarias", expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, calificó en Twitter de "inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en #Nicaragua". Un "estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos", agregó.

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Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras la violencia que hasta ahora deja 512 muertos, se convirtió en una demanda para la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.