Amnistía Internacional culpa de sembrar el terror a Ortega y Murillo

Amnistía Internacional presentó su último informe “Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua”, en donde expone las diferentes etapas de represión que ha sufrido Nicaragua a lo largo de estos seis meses, cuando inició las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.

El recrudecimiento de la represión, uso excesivo de la fuerza, grupos armados, detenciones arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales, son aspectos que aborda el amplio informe publicado este 18 de octubre por esa organización.

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Sembrando el terror documenta las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 30 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2018. Para ello, Amnistía Internacional realizó dos misiones de documentación a Nicaragua y Costa Rica durante los meses de julio y septiembre respectivamente, donde realizó 115 entrevistas y documentó un total de 25 casos de violaciones de derechos humanos, señala el documento.

“La organización considera que estas violaciones se llevaron a cabo no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control”, apunta.

A pesar de que Ortega mantiene una postura de negación al uso de fuerzas parapoliciales o paramilitares, y de que su marcha nunca saldrá una pedrada o disparos, el informe es muy tajante al mencionar que el gobierno nicaragüense tiene como “eje vertebral la política represiva”.

Ante este contexto, la ONG exigió a Ortega desmantelar grupos parapoliciales "de forma inmediata" y garantizar que las fuerzas policiales actúen "de acuerdo con los criterios de uso legítimo, proporcional y necesario" de la fuerza en manifestaciones.

Amnistía registra, hasta el 18 de septiembre, al menos 322 personas fallecidas, la mayoría a manos de agentes del Estado, más de 2,000 personas heridas, unas 300 personas que han sido encarceladas de forma ilegal y más de 20,000 nicaragüenses que se han refugiado en la vecina Costa Rica. En cuanto a las cifras de las víctimas mortales, el Gobierno sandinista solo reconoce 200.

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La organización insta con “carácter urgente” a poner fin a la persecución y detenciones arbitrarias de personas que se manifiestan en contra del Gobierno, y a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a “seguir demandando el cumplimiento de las obligaciones que el Estado nicaragüense ha adquirido en materia de derechos humanos”.