Nicaragua cumple 6 meses de crisis: 512 asesinados, 4.062 heridos, 1.428 secuestrados

Foto: AFP

Nicaragua cumple hoy seis meses de crisis. La represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega ha dejado 512 muertos, 4.062 heridos, 1.428 de secuestrados, según el último informe de la CPDH; y al menos 30.000 mil nicaragüenses han huido del país en busca de refugio y asilo político en otras naciones.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, denunció este jueves que la represión por parte del Gobierno de Ortega continúa, y aseguró que por el momento no ve "la salida" a la crisis que comenzó hace seis meses.

"No le vemos la salida" a esta crisis, reconoció Núñez. "No sabemos hasta cuándo va a llegar y cuándo va a terminar y podremos vivir en paz y reconstruir el país, moralmente destruido", dijo la defensora de los Derechos Humanos, que ha participado en Madrid en la presentación del último informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Nicaragua.

Al respecto, Cristiana Chamorro, hija de la vicepresidenta Violeta Barrios comentó a través de Twitter que en seis meses Ortega y Murillo cargan con cientos de muertos, cienes de presos y exilados, más el colapso económico.

“Condenados ellos mismos como la Estirpe Sangrienta del siglo 21 y encarcelados en El Carmen, están perdidos frente a un pueblo decidido a lograr una República”, tuiteó Chamorro.

Estos fueron los principales sucesos de los últimos seis meses:

18 abril: Unas 60 personas que protestan contra una reforma al seguro social son atacadas con piedras y tubos por activistas del Gobierno en Managua. Incidentes similares se registran en las ciudades de León (occidente) y Matagalpa (norte).

19 abril: La Policía sandinista disuelve a balazos una protesta universitaria en Managua, lo que deja tres muertos y 37 heridos. Las manifestaciones se extienden a 11 ciudades.

23 abril: Miles de personas participan en una enorme manifestación pacífica autoconvocada. Marchas similares se realizarán a partir de entonces en la capital y el resto del país.

16 mayo: Se instala el diálogo nacional entre el Gobierno y la recién creada Alianza Cívica, con mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

23 mayo: El diálogo se suspende por falta de consenso: mientras la oposición demanda la renuncia de Ortega y elecciones anticipadas, el Gobierno lo rechaza y denuncia un "golpe de Estado suave".

30 mayo: Una inmensa marcha pacífica es atacada por paramilitares sandinistas en Managua. Otras protestas corren igual suerte en el interior del país y en total se reportan 15 muertos y decenas de heridos. Ortega anuncia a sus simpatizantes que no dejará el Gobierno.

14 junio: Una huelga nacional convocada por la oposición paraliza el país, mientras policías y paramilitares aumentan su ofensiva. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reporta 164 muertos y más de 1.400 heridos en menos de dos meses.

15 junio: Se reanuda el diálogo y Ortega accede a la visita de delegaciones de la CIDH, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unión Europea.

25 junio: Un balance preliminar reporta pérdidas de 1.900 millones de dólares en turismo, construcción, comercio y finanzas (equivalente al 80 por ciento de las exportaciones de 2017).

5 julio: Estados Unidos sanciona a tres altos funcionarios sandinistas por corrupción y violación de derechos humanos: el director de la petrolera estatal, Francisco López, el secretario de la Alcaldía, Fidel Moreno, y el subjefe de la Policía, Francisco Díaz, que posteriormente será ascendido a jefe de la institución.

7 julio: Ortega rechaza adelantar las elecciones de 2021 y llama “asesinos” y “golpistas” a la oposición y a los obispos católicos. Dos días después, el diálogo queda suspendido mientras en Diriamba (sur) varios obispos y el nuncio Waldemar Sommertag son asediados y agredidos por activistas sandinistas.

13 julio: La oposición realiza una segunda huelga nacional. Por la noche, paramilitares disparan contra universitarios refugiados en una iglesia de Managua. La acción deja dos muertos y 16 heridos.

Foto EFE

17 de julio: El Gobierno recupera el control de Masaya, principal bastión de resistencia cívica, después de una violenta acción de policías y paramilitares en la ciudad.

18 de julio: El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución que insta al Gobierno de Nicaragua a realizar elecciones anticipadas.

31 de julio: ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, informa que 23.000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica tras huir de la represión y la violencia en su país.

2 de agosto: El Consejo Permanente de la OEA decide crear un "grupo de trabajo" para contribuir a una salida pacífica en Nicaragua. El Gobierno anuncia que no permitirá el ingreso de esa comisión.

11 de agosto: El Parlamento recorta el presupuesto de salud y educación, y tramita la emisión de 280 millones de dólares en bonos de la Nación (deuda pública) para compensar la caída de ingresos tributarios.

29 de agosto: Daniel Ortega acusa en un discurso a la OACNUDH de ser un “instrumento de muerte, terror y mentira”. Dos días después, la misión recibe una orden de abandonar el país.

2 de septiembre: Un ataque armado a una marcha opositora deja tres heridos y la quema de una patrulla de la Policía. Tres días después, el Gobierno arresta al activista universitario Edwin Carcache, al que acusará por terrorismo.

7 de septiembre: La oposición realiza una tercera huelga nacional, en medio de redadas y capturas de estudiantes por la Policía.

24 de septiembre: La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 512 muertos y 4.062 heridos desde el inicio de la crisis. El Gobierno registra 200 víctimas.

26 de septiembre: El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU aprueba un proyecto de ley para sancionar a miembros del Gobierno de Nicaragua por violaciones de derechos humanos y vetar préstamos que el país solicite a organismos multilaterales.

28 de septiembre: La Policía sandinista advierte que no permitirá protestas antigubernamentales y que castigará "a organismos y personas que convocan a concentraciones y manifestaciones públicas ilegales".