Nicaragua: CIDH preocupada por los efectos negativos de la crisis en niños y adolescentes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un nuevo informe, este jueves, donde recopila los hechos de las últimas semanas, observando "un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas en Nicaragua". El comunicado se da a través de la información que brinda el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
La detención de 38 manifestantes, el pasado domingo 14 de octubre, entre ellos defensores de derechos humanos, preocupó a esta organización, el cual también destacó los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El documento mostró su preocupación por las denuncias sobre casos de violencia sexual contra mujeres, y señala que la CIDH "continúa monitoreando antecedentes sobre otros posibles casos y patrones de violencia contra las mujeres".
El MESENI también documentó situaciones de hostigamiento por autoridades estatales en contra de las madres de personas detenidas; y recogió información de campañas de desprestigio, acoso y amenazas contra mujeres manifestantes y mujeres defensoras de los derechos humanos.
Al respecto, la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, afirmó que “Nicaragua debe tomar en cuenta que en el caso de las defensoras de derechos humanos, al riesgo inherente que encierra su labor, se suma la historia de discriminación estructural que han sufrido en razón de su género, lo que determina que en algunos contextos se vean expuestas a un riesgo incrementado de sufrir actos de violencia, amenazas, hostigamientos y otras vulneraciones a su derecho a vivir una vida libre de violencia”.
Por su parte, sobre los niños, niñas y adolescentes fallecidos en el contexto de las protestas, la CIDH "refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta", y mencionó los impactos negativos que conlleva la crisis, entre ellos, el adoctrinamiento político implementado en las escuelas públicas y deserción escolar, denunciadas por organizaciones civiles nicaragüenses. "En efecto, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo afectado de forma particular por las diversas formas de represión y criminalización en Nicaragua", se lee en el informe.
La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de los Derechos de la Niñez, sostuvo que “resulta indispensable que las instituciones responsables de la promoción, la protección y la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Nicaragua actúen de manera oportuna e integral para garantizar a niñas, niños y adolescentes un ambiente libre de violencia, especialmente en el entorno escolar y comunitario”. Para que ese contexto tenga lugar, consideró “indispensable garantizar la articulación con todos los actores involucrados, incluyendo las voces de la sociedad civil y la opinión de niñas, niños y adolescentes”.
El informe apunta la cifra actualizada (desde el 18 de abril) de 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes. "Frente a la inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses y sus cuestionamientos al registro de fallecidos reportado por la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el marco de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales".
Asimismo, el informe recopila los comunicados de la policía de declarar "ilegales" las marchas y pedir permiso para ello. Además las detenciones ilegales durante la convocatoria de la marcha Unidos por la Libertad. "Durante la jornada del domingo 14 de octubre, el MESENI constató una fuerte represión y un importante número de detenciones en el marco de las marchas convocadas por organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, la CIDH llama al Estado a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como a garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas".