Piden 21 años de cárcel para sobrevivientes del ataque a la Iglesia Divina Misericordia
La Fiscalía quiere condenar a 21 años de cárcel a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) que sobrevivieron el ataque a la iglesia Divina Misericordia, el pasado 13 de julio.
Friedrich Castillo Huete, Jeffrey Isaac Jarquín, Justino Antonio Jarquín, Bryan Palma Arauz, Jorge Zapata Guillén, Pedro Aguilar Sánchez, Carlos Varela Pavón y Martín Jarquín Paz, fueron declarados culpables por “terrorismo” y portación ilegal de armas por el juez suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Álvaro Martínez.
Ante este posible fallo, Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que apelarán porque las pruebas no coinciden con las declaraciones de la Fiscalía. "A esperar la sentencia para apelar", expresó Nieto.
El Ministerio Público pidió 20 años de prisión por terrorismo y uno más por portación ilegal de armas para cada uno de los jóvenes, quienes fueron capturados una semana después de ser rescatados y liberados en la catedral de Managua.
"Ellos no son terroristas, son estudiantes y tienen una manera muy diferente de pensar a ellos, y por eso lo quieren castigar", dijo Silvia Elena Paz, tía del preso político Josué Jarquín.
“Tenemos información que en la comida a ellos les están poniendo cantidades pequeñas de arsénico, agregó Paz, señalando que los jóvenes reciben comida "casi podrida"."La comida que a ellos le dan es casi podrida. Le dan de comer muchas vísceras... el agua que le dan es muy pesada, no nos permiten llevarle agua purificada".
Los familiares de los nueve jóvenes denunciaron que apenas un minuto les dejan estar cerca de ellos cuando realizaron las audiencias.
Una publicación de El Nuevo Diario, señala que la abogada de los acusados Verónica Nieto, solicitó al juez que recalifique el delito de terrorismo y lo califique como motín, sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión.
“No hay pruebas contra los muchachos (universitarios), porque en su resolución el juez (Álvaro Martínez) los responsabiliza por la quema de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que ni siquiera es mencionado en la acusación”, destacó la abogada de la CPDH a END.