Nicaragua, cárcel y homofobia

La represión es más brutal si sos LGTBI, dicen ex presas políticas
NIU

Por Carlos Mikel Espinoza/Red Colectiva

Una madrugada de julio del 2018, en una de las celdas de la antigua cárcel El Chipote, un agente de la Policía Nacional tenía la orden de violar con una tonfa o “amansa bolos” a Kycha Cristelia López. El oficial se “apiadó” y le dijo que no la violaría. Lo que sí hizo fue darle una brutal golpiza. La joven terminó desmayada. Luego de 15 días de torturas en El Chipote fue trasladada al Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, una cárcel de varones ubicada en Tipitapa, donde los tratos crueles continuaron y donde era obligada a desvestirse delante del resto de presos, mientras los custodios le tocaban los senos y las nalgas.

Carolina Gutiérrez también sufrió esas vejaciones a lo largo de 10 meses de encierro. Algunas noches los guardias entraban a su galería y empezaban a hincar a todos los presos políticos con los amansa bolos para supuestamente verificar que estuvieran dormidos. Con Carolina los guardias se esmeraban y entre risas le hincaban el trasero.

Carolina Gutiérrez, ex presa política     (Foto: Red Colectiva.com)

Victoria Obando debió soportar todos esos aberrantes actos. Las burlas y las violaciones a su dignidad de mujer fueron la constante durante sus meses de encierro.

Kycha, Carolina y Victoria estaban encerradas en esa cárcel de varones, sin embargo, en realidad son mujeres transgénero. Carolina y Kycha fueron arrestadas por policías y paramilitares en Diriamba el 8 y 9 de julio del 2018, respectivamente, luego que el gobierno retomara el control del departamento de Carazo en un sangriento operativo, mientras que Victoria fue capturada el 25 de agosto en León. Fueron acusadas de actos terroristas en el marco de las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Su condición de opositoras y a la vez miembros de la diversidad sexual las hizo doblemente víctimas de la barbarie cometida por el gobierno contra cientos de presos políticos.

 

  Kycha López,    ex presa política.   (Foto: Red Colectiva)

Exhibir su desnudez frente al resto de presos políticos y comunes se convirtió en toda una obsesión para sus carceleros. Parecía una expresión más del machismo nicaragüense, pero había algo más: humillar, ensañarse y discriminar a ellas tres y a otros presos políticos homosexuales, como el dirigente estudiantil Byron Estrada, era alentado por las mismas autoridades.

“Les encantaba verme desnuda, me golpean los bustos, algunos se reían y otros me gritaban que me diera cuenta que yo no era una mujer a pesar que físicamente lo era. Yo tenía que callarme, no tenía que responder, porque estaba en un régimen donde te agarraban, te sacaban y te golpeaban hasta 10, 15 funcionarios sin piedad. Te dejaban los músculos doloridos, las costillas a veces casi quebrantadas, vomitábamos sangre a la hora de las golpizas”, relata Kycha, de 29 años, excarcelada el 20 de mayo del 2019.

Cuando fue llevada a los Juzgados de Managua, la jueza Adela Cardoza le prohibió cruzar las piernas en forma femenina. Cardoza le advirtió que estaba juzgando a Richard Sebastián López, su nombre legal, y no a Kycha. Al final la encontró culpable y la condenó a 40 años de cárcel.

«El gobierno de Nicaragua es un gobierno mentiroso, arguciento, donde él promueve el amor, la paz, la libertad y promueve el cristianismo también, donde veo que todo es falso, pura argucia, porque nada de eso el gobierno ha establecido»,subraya Kycha, y asegura que como mujer trans fue «muy discriminada» en la cárcel, pues todos sus derechos fueron «siempre masacrados y no respetados».

Jueza Adela Cardoza. Foto: Cortesía.

La golpiza que recibió Carolina el día de su arresto fue tan despiadadas que le provocó la pérdida de piezas dentales y el desprendimiento de la retina de un ojo, por lo que debió recibir atención médica para ponerse dientes postizos y para no quedar ciega. Cuando los policías, paramilitares y guardias penitenciarios la golpeaban y desnudaban no veían a Carolina, la mujer transgénero que se dedicaba a lavar y planchar ropa ajena y a vender comida para ganarse la vida, veían a Augusto Antonio Gutiérrez, el cochón, el marica “tranquero”, “golpista” y “vendepatria” que no quiere que el comandante Ortega y eterno líder del Frente Sandinista siga siendo presidente de Nicaragua.

“Todo (la desnudez) lo hacían públicamente delante de todos porque ellos decían que nosotros (los transgénero) éramos hombres igual a los que estaban en la galería”, afirma Carolina, quien hoy tiene 35 años de edad.

Carolina Gutiérrez preparando comida y refrescos para vender  (Foto: Red Colectiva)

Luego de su excarcelación, Carolina ha intentado retomar su vida, aunque afronta grandes dificultades debido a que la persecución continúa. Cuenta que algunas de las familias a quienes antes les lavaba y planchaba la ropa, le dijeron que ahorita no le dan trabajo por miedo a represalias.

También decidió volver a vender comida en un puesto al aire libre a una cuadra de su casa. Sin poder retener el llanto, narra cómo casi todas las tardes, mientras está trabajando, simpatizantes sandinistas pasan ofendiéndola a bordo de motocicletas.

“Son mandados por ellos mismos (el partido FSLN)”, asegura.

“Imagínense que cuando uno está en su negocio tranquilamente ellos pasan molestando en las calles. Yo creo que no deberían ser así de esa manera porque uno está buscando cómo ganarse la vida honradamente”, afirma.

Hay evidencias que el FSLN promueve la homofobia

Según la Mesa Nacional LGBTIQ+, este sector poblacional es sumamente vulnerable en términos de derechos económicos, sociales y culturales, a lo que hay que agregarle el proceso de criminalización tras el estallido de la crisis política.

“El tema de orientación sexual o identificación de género ha sido un mecanismo por el cual el gobierno ha desatado campañas de odio en contra de activistas e incluso estos sin pertenecer a la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), afirma Alexa Zamora, miembro de la Mesa Nacional y asesora legal de la Asociación de la Diversidad Sexual Nicaragüense.

 Alexa Zamora, miembro de la Mesa Nacional LGBTI     (Foto: Red Colectiva)

La Mesa Nacional LGBTIQ+ llevó a cabo un estudio sobre las afectaciones que sufrió la diversidad sexual entre el 18 de abril del 2018 y el 31 de enero del 2019, y ahí queda claro ese grave deterioro.

“Hay sobrada evidencia de que es algo alentado y promovido desde las estructuras internas del partido (FSLN). En este informe de afectaciones a la comunidad LGBTI en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que fue desarrollado por la Mesa Nacional, se pueden encontrar evidencias de casos concretos de campañas que han sido promovidas, desatadas y orientadas desde las estructuras del partido por medio de sus medios (de comunicación), incluyendo redes sociales, dirigidas específicamente a la persecución, criminalización y discurso de odio en contra de miembros y activistas de la comunidad LGBTI”,explica Zamora.

Captura de un comentario de Mauricio Chávez, camarógrafo de Canal 4, en Twitter. Culpa de la crisis a la comunidad LGBTI.

El estudio identificó 18 tipos de afectaciones contra la comunidad, que incluyen amenazas verbales, robos, persecuciones, agresiones físicas, campañas de desprestigio, abusos sexuales, detenciones ilegales, asesinatos y exilio. En total se reportaron ocho miembros de la diversidad sexual asesinados, 42 detenidos arbitrariamente, 96 amenazas de muerte y 8 agresiones sexuales. La mesa asegura que hay un subregistro, debido al temor de muchos de los afectados de hablar públicamente de su orientación sexual y por tanto exponerse a otro factor de persecución.

De la persecución al exilio

La represión gubernamental ha provocado que unos 80,000 nicaragüenses salgan al exilio, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Un buen número de estos son miembros de la diversidad sexual.

El periodista y activista Víctor Pérez es uno de ellos y se encuentra en Costa Rica. Asegura que las consecuencias de la persecución hacia la diversidad sexual la siguen sufriendo en el exilio, a través de las constantes amenazas y ofensas.

Datos sobre amenazas de amenazas de asesinato. Fuente: Mesa Nacional LGBTIQ.

“En las redes sociales hay gente que dice estar en Costa Rica y que sabe dónde estoy habitando, y eso es constante. Hasta que no se vaya Daniel Ortega del poder, ninguna persona de la diversidad va a estar protegida,porque no tenemos ninguna seguridad, tanto los que se mantienen dentro de Nicaragua, como los que estamos en el exilio”, considera Pérez.

Datos sobre amenazas de muerte.    (Fuente: Mesa Nacional LGBTIQ)

Pérez afirma que aunque no lo digan públicamente, algunos presos políticos fueron violados con una saña terrible. “Hasta les metieron las puntas de las AK en el ano”, subraya.

El activista escapó de la cárcel porque un amigo, funcionario público, le avisó que figuraba en una lista de personas a ser apresadas. “Yo estaba con la negativa de exiliarme porque ya tenía una vida, y eso a muchos nos duele, porque perdimos una vida allá (en Nicaragua), sin embargo, salí del país en el mejor momento, porque días después me di cuenta que los paramilitares llegaron a mi casa, saquearon el apartamento en donde habitaba con mi pareja, y ocuparon el vehículo”,agrega.

Informe sobre detención arbitraria. Fuente: Mesa Nacional LGBTIQ.

En Costa Rica los miembros de la diversidad sexual afrontan serios desafíos. El principal es el desempleo, porque aunque obtengan un permiso laboral, esto no les garantiza un trabajo formal, de ahí que se ven obligados a realizar trabajos informales.

Grave retroceso

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coincide plenamente en que con el inicio de las protestas se experimentó un empeoramiento de la situación de este sector de la población.

“A partir del 18 de abril del año pasado esta actitud se intensificó por parte de la autoridad. Es algo así como que se desbordó. Nosotros tenemos relatos por parte de ciudadanos LGBTI donde denuncian situaciones horrendas a las cuales fueron sometidos y la más característica es la violación y nos referimos a la violación sexual”, señala Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.

Cuevas afirma que el gobierno sandinista identificó a la comunidad LGBTI como una de las más beligerantes de las protestas, y por tanto descargó todo su peso represivo en contra de ella.

“Nosotros consideramos que esto hasta ha sido dirigido. No es una acción aislada sino algo así como una política de Estado y te lo digo a través de los relatos (…). La información que nosotros hemos obtenido en este sentido ha sido muy triste”, asegura.

Antes del 2018 la CPDH había documentado que las autoridades policiales encasillaban a los miembros de la comunidad LGBTI como propensos a actividades delictivas. “Vimos casos pero por lo menos respetaban algunos derechos humanos como no maltratarlos, a veces ingresarlos a celdas diferentes, a una trans mujer no meterla en celdas de hombre. Entonces muchas veces tenían esa deferencia, pero ahora todo eso, esas situaciones tan básicas, se anularon. Por eso te digo que hay retroceso de un siglo tal vez”, lamenta Cuevas.

   (Datos sobre violaciones. Fuente Mesa Nacional LGBTIQ)

Una ausente Procuradora de la Diversidad Sexual

Desde el año 2009 Nicaragua cuenta con una Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual. Su titular es desde entonces Samira Montiel. Alexa Zamora refiere que a lo largo del actual gobierno la creación de esta oficina es quizá el “único avance” en la materia. No obstante, indica que “en términos de funcionalidad dejaba bastante que desear”. “Incluso antes de lo del 18 de abril podés encontrar una noticia donde se habían nombrado como facilitadores judiciales a gente de la comunidad LGBTI. Fue todo un proceso, había sido un hito bastante positivo y en menos de 24 horas se sacó una resolución desconociendo todo este proceso. Eso te puede decir qué tan politizado está el aparataje institucional en esos términos”, destaca Zamora.

Aunque hay sobradas denuncias sobre la detención arbitraria de las mujeres transgénero y el trato homofóbico que recibieron mientras estuvieron encarceladas, Samira Montiel nunca se pronunció.

Procuradora Especial para la Diversidad Sexual, Samira Montiel.

Para la realización de este reportaje se enviaron mensajes a su correo electrónico solicitándole una entrevista, pero no respondió. También se acudió personalmente a las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de la cual forma parte la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual, y tampoco se obtuvo respuesta positiva a la solicitud.

Un miembro de la Mesa Nacional LGBTI, que pidió mantener en el anonimato su identidad, afirma que el nombramiento de Samira Montiel no contó con el respaldo de la mayoría de las organizaciones de la diversidad sexual, sino que fue impuesta por la Presidencia de la República.

Desde un inicio, según la fuente, careció de operatividad debido a las limitaciones del cargo. Poco después, Montiel entró en conflicto con los pocos grupos que apoyaron su nombramiento, pero aún así el resto de organizaciones decidieron establecer un plan de trabajo con ella en pro de la comunidad.

En el marco de la crisis del 2018 la Mesa Nacional LGBTI contactó a Montiel para abordar lo que estaba pasando con varios miembros de la diversidad sexual, pero esta prefirió el silencio.

En el 2019 Montiel invitó a la Mesa Nacional a una reunión para hablar sobre políticas públicas. Al encuentro asistieron algunos líderes progobierno. La mayoría de los miembros se excusaron de ir. “No hay condiciones de confiabilidad en el trabajo, no tiene los recursos, no tiene la garra que debería de tener empezando por la verdadera autonomía en su funcionamiento”, manifiesta uno de sus integrantes.

Colaboraron con el FSLN y ahora son perseguidas

En algún momento de sus vidas muchos miembros de la comunidad LGBTI que hoy son perseguidos y amenazados, ayudaron a Daniel Ortega a consolidarse en el poder.

Karelia de la Vega es una chica trans de 25 años de edad. A los 18 años se incorporó a la Juventud Sandinista (JS). A lo largo de año y medio colaboró con el partido en la comunidad Pochocuape, Managua. Era la adjunta de la coordinadora de la JS. Su labor consistía en hacer que los programas de asistencia gubernamentales llegaran a los más pobres.

“Más que todo (era) ayudarle a las demás personas, que nosotros fuéramos un puente”, explica.

Karelia, conocida por su personaje Lady La Vulgaraza, es una popular youtuber que solo en su cuenta de Facebook tiene aproximadamente 200,000 seguidores. Con el inicio de las protestas contra Ortega no dudó un solo segundo en levantar su voz de repudio contra los crímenes que estaban cometiendo policías y paramilitares. Las consecuencias no se hicieron esperar. Inmediatamente empezó a ser amenazada y acosada por simpatizantes sandinistas, lo cual afectó seriamente su vida laboral.

“Yo salía a las calles a vender, a hacer otras cosas y hoy no puedo hacerlo porque no puedo andar en las calles”, asegura. Igualmente, la crisis la obligó a cancelar giras que apenas había iniciado a hacer al amparo de su gran popularidad.

 Karelia de la Vega, youtuber conocida como Lady Vulgaraza     (Foto: Red Colectiva)

En enero del 2019 fue citada para presentarse a la estación policial del barrio San Judas, supuestamente por el robo de un celular. “La Policía me cita, vamos a hacer claro, por política, por nada más, pero no tengo miedo, estoy firme en lo que quiero, quiero democracia, quiero paz, quiero vivir en un país incluyente, en un país donde todos y todas tengamos voz y voto y seamos parte fundamental del desarrollo y que se note nuestro trabajo, nuestro esfuerzo”, expresa Javier Hernández, el verdadero nombre de Karelia.

Las presas políticas excarceladas Carolina Gutiérrez y Kycha López también colaboraron con el FSLN en las mesas electorales. Hoy, como miles de nicaragüenses, están comprometidas en la lucha contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Los CPC y el espionaje

En cada rincón de Nicaragua el FSLN tiene organizados los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los cuales fungen como estructuras de espionaje y control social. El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas dice que los CPC son los encargados de vigilar las casas de los opositores e informar al partido lo que ocurre.

“Está el espionaje de calle a calle, de barrio a barrio. Eso es común. Eso es ilegal porque violenta el derecho a la privacidad, el derecho a movilización porque el ciudadano ya no quiere salir”, explica.

Estos grupos CPC están integrados por fanáticos sandinistas, muchos de ellos exmilitares, colaboradores históricos y exguerrilleros cuya forma de actuar es abiertamente machista.

El Movimiento Azul y Blanco no está exento de la homofobia

Aunque los militantes sandinistas son los más señalados de tener una conducta homofóbica, la Mesa Nacional LGBTIQ sostiene que no es algo particular de los simpatizantes del gobierno e identificó tres casos de miembros de la diversidad sexual progobierno que fueron agredidos verbalmente por “los azul y blanco”, como son conocidos los opositores.

“Esto demuestra que a pesar que se habla de justicia y democracia, la sociedad nicaragüense sigue siendo machista y patriarcal”, señala uno de los miembros de la mesa que prefiere omitir su nombre.

El problema es a tal nivel que activistas antigubernamentales son discriminados en las redes sociales por personas que se identifican como opositores.

 Datos sobre campañas de desprestigio en redes sociales. (Fuente Mesa LGBTIQ).

“Es de parte de los dos bandos. Los azul y blanco han expresado discursos de odio y homofóbicos a la propia gente de la comunidad azul y blanco. Vos podés hacer un recorrido en las redes sociales y vas a evidenciar eso”, subraya.

Sin ley especial que proteja a la diversidad sexual

En Nicaragua no existe una legislación especial que reconozca y proteja los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, el Código Penal en su artículo 36, inciso 5, establece en relación a las «Circunstancias que agravan la responsabilidad penal», que “son circunstancias agravantes: Discriminación. Cuando se comete el delito por motivos raciales, u otra clase de discriminación referida a la ideología u opción política, religión o creencias de la víctima; etnia, raza o nación a la que pertenezca; sexo u orientación sexual; o enfermedad o discapacidad que padezca”.

El artículo 315 del Código Penal también establece, en relación a los delitos contra los derechos laborales, que “quien discrimine en el empleo por razón de nacimiento, nacionalidad, afiliación política, raza, origen étnico, opción sexual, género, religión, opinión, posición, económica, discapacidad, condición física, o cualquier otra condición social, será penado con prisión de seis meses a un año y de noventa a ciento cincuenta días multa”.

El gran problema de ello, según los colectivos de la diversidad sexual, es que “no existe una tipificación de delitos que ayude al sistema de justicia” a calcular las penas a las personas acusadas por discriminación.

Asimismo, hay una resolución del Ministerio de Salud (Minsa) en contra de la discriminación en el servicio de salud. En el 2013 la Procuradora Especial Samira Montiel hizo una fiscalización en el Minsa y encontró que solamente el 33% del personal había escuchado o bien leído la resolución.

La diversidad sexual en el FSLN

El FSLN tuvo una comunidad LGBTI. Sus primeras expresiones organizativas datan, según publicaciones oficialistas, de mayo del 2010. Se denominaba Movimiento de la Diversidad Sexual y formaba parte de la Juventud Sandinista.

En los primeros años se le dio bastante espacio en los medios de comunicación sandinistas, pero para el año 2014 empezó a declinar su protagonismo hasta que finalmente desapareció.

 Miembros de la Juventud Sandinista                    (Foto: El 19 Digital)

“No tenía su propio plan de acción sino que era un instrumento complementario, casi decorativo de algunas actividades partidarias”, señala un miembro de la diversidad sexual.

Tras la desintegración, sus miembros se diluyeron en otros movimientos de la Juventud Sandinista. Había sido organizado por el FSLN con fines propagandísticos y no necesariamente como un instrumento de restitución de derechos.

Vea el video que acompaña a este reportaje de Red Colectiva.com: