Alianza Civica y UNAB aseguran que informe de OEA es un espaldarazo a la democracia en Nicaragua
Alianza cívica y UNAB, muestran su respaldo a la solicitud de la Comisión Especial para que tal informe sea acogido por la Comisión Permanente de la OEA
La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, expresaron su satisfacción ante el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado de prensa, este 20 de noviembre.
Afirmaron valorar la objetividad del informe que la comisión hizo público en días anteriores, que reconoce que el régimen orteguista ha alterado el orden constitucional y ha violado en reiteradas ocasiones los derechos humanos de los nicaragüenses, al igual que las libertades públicas, consagradas en la Constitución de la República.
En su nota de prensa, las entidades afirman acoger las recomendaciones de dicho informe, que uscribe lo que ha sido anteriormente denunciado por organismos de la OEA, del sistema de Naciones Unidas, del Parlamento y la Unión Europea.
Reiteraron que el pueblo de Nicaragua subyace bajo un régimen ilegitimo que criminaliza y reprime la protesta con fuerza desproporcionada, sin posibilidad alguna de permitir el amparo en instancias independientes que hagan contrapeso al Poder Ejecutivo.
En el mismo comunicado la Alianza cívica y UNAB, muestran su respaldo a la solicitud de la Comisión Especial para que tal informe sea acogido por la Comisión Permanente de la OEA, del mismo modo que convoque a la mayor brevedad una Asamblea extraordinaria de sus Ministros de Relaciones exteriores, de modo que se tomen las medidas que efectivamente ayuden al restablecimiento del orden democrático en el país.
Solicitaron también a los Estados miembros de la OEA un reconocimiento claro e inequívoco de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, a tal grado de dañar las bases de la democracio de Nicaragua y en aprobar la puesta en marcha de todos los mecanismos previstos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática que ayuden al restablecimiento de las garantías constitucionales a las libertades públicas.
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