Organismo de defensa de DD.HH. denuncia ejecuciones en Nicaragua
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presentó un informe sobre la situación en Nicaragua, detallando que de enero a octubre de 2019 han monitoreado 31 asesinatos, todos ocurridos en la zona norte del país, territorios que formaron parte del llamado ‘Corredor de la Contra’” durante la guerra civil de los ochenta.
La presidenta del Centro, Vilma Núñez manifestó que, “a nivel periodístico hay información de más de 50, 60, nosotros tenemos información directa de más o menos 31. Hay una valoración y estimación de las pruebas y evidencias de que no se trata de delincuentes comunes, sino que tienen la forma de ejecuciones sumarias, como las que históricamente el gobierno de Daniel Ortega empezó a usar en el norte del país contra los desmovilizados”.
El informe resalta que “el mayor número de muertes de la zona norte han ocurrido en Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay (municipios del departamento de Jinotega)”.
Este es el décimo informe del organismo defensor de Derechos Humanos y el tercero de carácter bimestral desde abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y de grupos armados contra las protestas civiles, y también reporto golpizas grupales, robos, amenazas y abuso de autoridad de parte de la Policía.
El documento es un reporte sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los meses de septiembre y octubre en el país. Pero también hace un consolidado de la situación del país durante el año.
Por su parte, el diputado sandinista Wilfredo Navarro desestimó el informe asegurando que el centro de derechos humanos no posee personería jurídica.
“Eso no existe, es un grupo de opositores que inventan cualquier cosa, El CENIDH no existe no tiene personaría jurídica entonces nosotros no tomamos en cuenta los disparates que dice la Vilma Núñez, la Vilma Núñez inventa hasta que tiene 40 años y tiene 300 de vida”, manifestó el parlamentario.
El informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta 139 personas detenidas en los últimos dos meses por participar en las protestas civiles y los que se consideran presos políticas.
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