«Policía debe ser desmantelada», recomienda experto en seguridad
La decisión de Daniel Ortega, de inundar las calles y espacios públicos de policías armados con armas de guerra, es para el experto en seguridad, Roberto Cajina, un mensaje directo de terror a la ciudadanía, para evitar cualquier indicio de levantamiento social como el de abril de 2018.
“No es ninguna estrategia para garantizar seguridad ciudadana, más bien es para continuar violentando los derechos humanos ciudadanos y llevar un mensaje de miedo, temor y terror para enviar, además, el mensaje de he recuperado las calles, las calles son mías”, sostiene el experto.
A raíz de abril de 2018, el gobierno de Ortega perdió las calles ante la explosión ciudadana que exigía la salida del gobierno Ortega-Murillo del poder, luego de protestas sociales por el rechazo de la población a unas reformas del Seguro Social.
La revolución cívica de abril hizo tambalear a las estructuras del gobierno, quién al no poder sofocar la hidalguía ciudadana, el gobierno armó a civiles en complicidad con la policía para aplastar las protestas sociales, causando la muerte de manera violenta a más de 320 ciudadanos. La violencia estatal también produjo miles de heridos, desaparecidos y miles tuvieron que abandonar el país.
“Ver a tantos policías en realidad es una práctica represiva. En los años 80 a esto se le llamaba profilaxis, pero técnicamente eso es disuasión para crear a la población el temor de que la presencia de la policía en la calle no le garantiza a nadie seguridad y entonces Ortega con esto también advierte aquí está el poder”, expresa el experto.
Policía garantiza seguridad al régimen
De acuerdo a Cajina después de la crisis de abril, la fuerza policial se definió al entregarse totalmente a las manos de los Ortega-Murillo.
“Por eso es que el nombre de Policía Orteguista les cae como anillo al dedo; pues eso son, ya que se convirtieron en la policía del régimen”, señala Cajina.
Sin embargo, el experto recuerda que es en el 2014, que la entonces directora de la Policía Nacional, la primer comisionada general, Aminta Granera, es quién durante una reforma le entregó la institución policial a Daniel Ortega, quien pasa a convertirse en su jefe supremo.
“Aminta, es responsable, además de los sucesos sangrientos de abril de 2018, por los cuales tendrá que pagar ante la justicia, por los crímenes y la represión policial”, advirtió Cajina.
Ante el desprestigio que Ortega le ha imprimido a la imagen de la fuerza policial, a criterio de Cajina, el próximo gobierno de Nicaragua deberá desmantelar a la policía y convertirla en una institución supeditada a la ley y a la autoridad democrática.
“Mi propuesta de solución es radical hay que desmantelar esta policía para destruir la reforma del 2014 y quitarle esa identificación roja y negra”, sostuvo Cajina.
Esta es una información del Periodista Emiliano Chamorro de Portavozciudadano.com.ni