CONFIDENCIAL: Servidores públicos esperan la salida de Ortega del poder

El jueves cinco de marzo parecía otro día normal en las entidades del Estado: actos adelantados para celebrar el Día de la Mujer, y peregrinación al monumento al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para recordar el séptimo aniversario de “su tránsito a la inmortalidad”, hasta que las sanciones a tres jefes policiales, y a la Policía Nacional como institución, sacaron a la superficie las diferencias soterradas que existen entre los servidores públicos y el aparato del Frente Sandinista.

En vez de ‘condenas al imperialismo’, por ‘sancionar a los compañeros policías’, trabajadores de varias instituciones compartieron memes sobre los sancionados, y hasta expresaron su esperanza porque las sanciones ayuden a terminar con el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Todo en el más absoluto silencio.

“Por debajera, la gente lo celebró de manera sigilosa. Y como saben cómo pienso, me hacían señas con el puño, con los ojos, o con la boca. Otros me lo comentaron en voz baja”, dijo un profesional de nivel medio que pidió ser llamado Josefo para proteger su identidad. “Cuando sucede algo así, la gente se anima, se motiva. Sienten que se mueve la cosa”, añadió.

Nuño es un oficinista de calificación media, que tiene poco más de una década trabajando en una entidad estatal, lo que le ha permitido escalar posiciones, y él espera que, al graduarse de su carrera universitaria, mejore su posición en la oficina… y su salario.

Un día después de conocerse las sanciones a la Policía, él y sus compañeros de trabajo fueron citados al comedor, para recibir “capacitación”. En realidad, adoctrinamiento político, ocasión que aprovechó para pedir la palabra.

Su jefe le respondió con un molesto “¿qué querés?”, a lo que Nuño aprovechó para preguntarle qué pasaría con la Policía, ahora que había sido sancionada.

“A la Policía como institución no le va a pasar nada. A los que sancionaron fue a varios de sus jefes a título personal, pero la Policía seguirá en su puesto”, le dijo. Aunque no le creyó, Nuño fingió conformidad, y se fue al comedor donde disertaban sobre el cacique Diriangén, el general Sandino y Benjamín Zeledón.

Steve es un profesional graduado, que recopila información relevante para que sus superiores puedan tomar decisiones. Relata que, “aunque había todo tipo de opiniones”, el día de las sanciones predominó la preocupación por la posibilidad de que cierre el supermercado de la Policía, y ellos pierdan el crédito que reciben ahí, que ya es parte de su rutina presupuestaria familiar.

“Por el resto de aspectos, algunos piensan que habrá despidos en la Policía y en el Ministerio de Gobernación, y que aumentará la delincuencia porque algunos policías se dedicarán a robar”, relató.

CONFIDENCIAL conversó con seis servidores públicos que trabajan para entidades, oficinas y ministerios que están adscritos a dos de los tres poderes del Estado. Todos hablaron a condición de que su identidad se preserve en el anonimato, y los identificaremos como Josefo, Nuño, Ernesto, Steve, Francisco, y Maura.

“Muchos, más de la mitad, no estamos conformes con lo que nos hacen hacer, pero la calle está dura, así que jugamos su juego”, dijo Steve.

Como en los años 80. Otra vez.

Ernesto es un profesional calificado y con un salario que le ofrece suficiente libertad de acción. Él, que vivió el Servicio Militar en los años 80, recuerda que en aquella época, muchos de sus compañeros de armas aparentaban ser sandinistas y revolucionarios. “Fingíamos ser entregados militantes de la Juventud Sandinista, o del propio Frente, y aunque no ganábamos nada con eso” (ni más comida, ni mejores uniformes o mochilas, ni menos horas de guardia, por ejemplo), sí evitaban que los llamaran contrarrevolucionarios, derechistas, o de hacer diversionismo ideológico.

“Ellos creían que todos éramos sandinistas, mientras nosotros cumplíamos los dos años de Servicio Militar obligatorio. Esto es como lo que pasó durante el acto de cierre de campaña, en febrero de 1990: vieron la plaza llena, y dijeron ‘ya ganamos’, pero a la hora de las elecciones, mucha de esa gente no votó por ellos. Igual nos pasa ahora: vamos a las caminatas y a las concentraciones porque tenemos que ir”, explica Ernesto.

La principal motivación es preservar el puesto de trabajo. Pero otros van porque recibieron algún beneficio material del que pueden ser privados, o deben algún préstamo que sacaron para comprar un carro, o una casa, de modo que no quieren correr el riesgo de perder el carro, la casa, o el trabajo, agregan sus compañeros.

Sandinistas “en la oficina”

Dentro de las oficinas, los empleados que fingen ser sandinistas tienen que soportar a jefes que los amenazan con el despido y reclaman a los trabajadores que no asisten a las actividades partidarias, con frases como “¿por qué no vas? Tus compañeros sí van. ¡Qué barbaridad!, y hasta te preguntan si sos un vendido, o si te estás ‘volteando’”, añade Ernesto.

“Hay quienes llegan a decirte que ‘los puestos de trabajo son solo para los sandinistas, y que si algo no nos gusta bien podemos renunciar, porque afuera hay muchos compañeros sandinistas que sí merecen estar en ese puesto”, refiere Steve.

Ernesto explica que “lo siguiente es que te fichan, y comienza a correr el rumor de que estás en la lista de los primeros a correr cuando comiencen los despidos. Hay otros jefes que son más respetuosos, aunque ellos mismos sean gente que sí está comprometida con el partido”.

En otros casos, la gente interpreta que la imposición de la doctrina oficial, y la exigencia de concurrir a sus actividades “son parte del combo laboral; una obligación más que ellos tienen que cumplir, aunque hay mucho temor al despido, de modo que sienten que están ‘ganando puntos’ al asistir a las actividades, pensando que eso quizás los salve del despido”, explicó Ernesto.

¿Vamos a la marcha?

“Un sábado, nos hacen caminar por la paz. Otro, para apoyar al comandante Daniel. Otro más, por el Día de la Mujer, y si no, por lo que sea. No puedo hacer planes para estar con mi familia los fines de semana, ni disponer de mi tiempo, ni programar nada personal, porque siempre hay una actividad, o algo qué hacer”, lamenta Steve.

Si antes, los trabajadores estatales sabían que serían ‘invitados’ a participar de alguna concentración partidaria en fechas específicas —un primero de mayo o un 19 de julio, por citar dos efemérides importantes— ahora saben que serán presionados a asistir a las caminatas sabatinas, y a ‘demostrar’ que estuvieron ahí.

El método para comprobar asistencia puede ser analógico (funcionarios en determinados puntos del recorrido con lista en mano, para anotar a los que se reporten con él), o digital, en el caso de aquellos jefes que exigen a los trabajadores hacerse una foto en la actividad, y enviarlas al grupo de WhatsApp que se usa para controlarlos, darles indicaciones, o tratar de adoctrinarlos.

La organización del partido dentro de las instituciones manda que a determinados jefes de áreas se les asignen vehículos, le den tiempo libre y combustible, para cumplir la tarea de movilizar a la gente, y confirmar que participan de las actividades.

“En determinados puntos se verifica la asistencia, y cuando detectan a los ausentes, se dan a la tarea de llamarlos por teléfono para preguntarles por qué no respondieron al llamado del partido. Lo que hace la gente es inventar excusas para evitarse problemas”, relata Ernesto.

Que esperen sentados

Las excusas son todo un homenaje a la creatividad, pero también, un reclamo de libertad.

“Mi niño amaneció con tos”; “ya iba en camino, pero tuve que devolverme porque se enfermó mi mamá”; “se dañó el carro (o se le ponchó una llanta), y nos atrasamos todos”; “no vino el que iba a darme ‘ride’”; “yo fui, vos sos el que no me viste”; “tuve que salir de Managua, pero el próximo sábado sí voy”.

“Algunos jefes simplemente dicen: ‘Tienen que venir, y tienen que venir’, y la mayor parte de sus subordinados va, pero hay otros que no presionan tanto. En ese caso, “la gente simplemente no va a esas marchas, y nadie les reclama nada”, relata Josefo.

En este grupo están los que se salen de los grupos partidarios de WhatsApp —aunque los vuelven a reintegrar, y les reclamen por haberse salido— o aquellos más prácticos que solo silencian el grupo, para no enterarse de nada.

CONFIDENCIAL pudo ver el contenido de uno de esos grupos de WhatsApp, en el que, más que una conversación, lo que hay es un diálogo de sordos. Los mensajes intercambiados las últimas semanas se limitan a una colección de fotos para demostrar asistencia a las caminatas, mayoritariamente respondidas con impersonales emoticonos de aprobación.

Cuando mucho, un “Ok”.

Otras veces, los mensajes son simples reproducciones de noticias sobre los ‘avances’ del Gobierno en materia de turismo, infraestructura, salud, educación, etc.

“Pretenden lavarnos el cerebro con toda esa propaganda”, dijo Steve.

Esperando la salida de Ortega

Los servidores públicos que fingen ser danielistas rechazan la cacería de opositores, pero callan a la espera de que termine el Gobierno para el que trabajan.

“Al menos el 55% del personal con el que trabajo está en contra de la represión, los patrullajes y el asedio policial. Están en contra de este Gobierno, y quisieran que se fuera lo más pronto posible, pero entienden que no saldrá antes del fin de su periodo constitucional, porque no ven cómo forzarlo a abandonar el poder antes de tiempo”, comenta Josefo.

Una de las razones para esa duda es que “no ven muchas acciones que indiquen que tenemos liderazgo dentro de la oposición, así que solo están esperando qué puede suceder a través de la vía electoral”, señala.

Josefo dice que el sector que apoya al régimen de Daniel Ortega “sí espera ser barrido en un cambio de gobierno, pero el resto cuenta con que seguirán en sus puestos porque tienen experiencia, y no se han involucrado en nada que comprometa su calidad moral, sus valores y principios”.

Para Steve, la represión, los patrullajes, el asedio policial, “son medidas desesperadas para mantener a raya a la oposición. Son sus últimos tiros”, y aunque cuenta con que al final “Ortega se irá”, sabe que “luchará para quedarse, y eso implica mayor represión y desquite”.

Sobre la oposición, piensa “que su lucha es justa, pero desgraciadamente tienen gente que está moviendo sus propios hilos para beneficio propio, y creen que la pobre gente es títere”.

En referencia a su futuro laboral como servidores públicos, Steve dice que sus compañeros de trabajo saben que “habrá persecución para algunos. Despidos para muchos de nosotros y ‘liberación’ para varios. Queremos seguir trabajando donde estamos, con las mismas condiciones, prestaciones y beneficios, pero sin persecución ni presión psicológica. Con que no nos despidan —concluye— basta y sobra”.

Francisco: “No estudié” para obedecer a un partido político

Francisco estudió para servir, o al menos eso creía hasta 2018. Este hombre de cuarenta y tantos años es licenciado y ha dedicado más de ocho años a su trabajo en una institución del Gobierno. Está cansado de obedecer los lineamientos del régimen de Daniel Ortega. “No estudié para esto”, asegura, mientras responde un mensaje de texto que le envió un partidario para confirmar su asistencia a una “caminata por la paz”.

Si no asiste a las caminatas es posible que le sancionen o que le cataloguen como “golpista”, y “eso es una muerte dentro del trabajo”, dice, agregando que a los “azul y blanco” los ven con lupa. Los persiguen para estar atentos a cualquier error que puedan cometer.

Por eso no habla sobre política en su trabajo. Si lo hace es con quienes considera de su entera confianza. En la institución el ambiente de trabajo es “pesado” porque se respira para obedecer a un “líder impuesto”. En un momento les obligaron a llamarse “compañeros” porque ese era el lenguaje que habían dictado desde arriba.

Después de la Rebelión de Abril y de la Operación Limpieza, Francisco quiso renunciar, pero sus responsabilidades económicas no lo permitieron. Continúa trabajando porque tiene que mantener a su familia, pero de vez en cuando pregunta a sus amistades por plazas laborales en alguna empresa privada. “He pensado estudiar inglés y meterme a un ‘call center’”, expone.

Francisco está seguro que Ortega no saldrá antes de 2021, y duda en responder si abandonará el poder después de ese año. Para él, las sanciones no han inmutado al gobernante, y una prueba de esto es que sigue el estado policial, incluso después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Policía.

“A ellos les afecta, porque quién sabe cómo van a hacer con su dinero, pero también a nosotros porque existe mucha desinformación”, indica el trabajador del Estado, y agrega que “se necesita más presión internacional para que le doblen el brazo. Quizás sancionar al Ejército”.

Francisco no confía mucho en el trabajo de “la nueva oposición”, sin embargo, les da un voto de confianza porque en los últimos días ha “visto la organización que están tratando de impulsar”.

Dice que le gustaría seguir en el Estado después de una eventual salida del poder de Ortega, siempre y cuando se despolitice no solo el sitio donde trabaja, si no todas las oficinas de Gobierno.

“Antes pensaba que, si Ortega iba en una elección contra una escoba, votaba por la escoba. Nadie peor que él. Pero ahora soy más responsable. Creo que quienes vayan a competir con él deben ser buenas personas”, expone Francisco, sabiendo que para que esto suceda falta mucho tiempo.

Maura: “Todos te vamos a decir lo mismo: Tenemos necesidad”

Maura tuvo problemas de estrés por varios meses. No conciliaba el sueño, no lograba descansar, porque estaba sometida a una enorme presión ejercida por partidarios del régimen que vigilaban todo lo que ella hacía dentro de la institución para la que trabaja.

“Me llamaban, estaban pendientes de mis redes, con quién hablaba. Preguntaban a mis vecinos por mí”, cuenta Maura, quien estudió su licenciatura en una universidad pública e hizo un posgrado en una universidad privada. Ella no planeaba trabajar en el Estado, pero se presentó una buena oportunidad para desarrollar sus conocimientos, y no dudó en aceptar, a pesar que conocía la forma de dirigir en el Gobierno.

Creyó que si se limitaba a hacer su trabajo todo iba a salir bien y sin novedad. Pero erró, al igual que muchos de sus compañeros que le dicen que están en sus puestos de trabajo, porque no hay más opciones.

Aprovechó unos días de vacaciones para atender su problema de estrés. Nadie en su lugar de trabajo supo que pasó por este problema. Solo parientes cercanos y su familia. Este tiempo le sirvió para reflexionar si quería o no seguir enfermándose por la tensión que padecía. “Todos te vamos a decir lo mismo. Tenemos necesidad. Una amiga sicóloga me dijo que dejara de ponerle mente a las cosas para mejorar”, indica.

Maura siente que su centro de trabajo es una prisión, pero lidia con ello con la esperanza de un futuro mejor. Se alegró cuando se enteró que habían sancionado a la Policía Nacional y a tres jefes de alto nivel. Supo la noticia por una conversación de WhatsApp, y la comunicó a sus compañeros de confianza.

“Yo creo que afectan mucho las sanciones, si no esa vieja loca no se pusiera enojada. Yo me alegro cuando los gringos sancionan. No sé qué pasaría si sancionan a la institución para la que trabajo, pero me gustaría”, afirma.

Respecto al futuro de Nicaragua, Maura es más optimista que Francisco. Ella considera que la oposición tiene un enorme trabajo para ganarse la confianza de los electores. “La única forma de sacar a ese hombre del poder es en una elección con las reglas claras”, repite.

Dado sus muchos años trabajando en el Gobierno, Maura espera mantener su plaza laboral cuando haya un cambio de timón, y opina que todos los empleados que cumplan con el nivel requerido para trabajar en el Estado, deben seguir en sus puestos, pues hay muchas personas eficientes que no necesariamente están a favor de la represión de la dictadura.

“La gente que está por conecte no va a seguir. Ellos mismos —estima— tendrán que tomar la decisión de irse porque saben que no son competentes para el puesto”.