SIP: Venezuela, Nicaragua y Cuba impiden a periodistas cubrir el COVID-19

Los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba mantienen estados de excepción contra el periodismo independiente en la cobertura de la crisis de salud ocasionada por el nuevo coronavirus, los periodistas son encarcelados y censurados, según un informe sobre la situación de la libertad de prensa en el continente americano de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Lamentablemente en Cuba, Nicaragua y Venezuela los gobiernos mantuvieron estados de excepción contra el periodismo independiente que obligan a seguirlos clasificando como regímenes autoritarios”, destacó la SIP.

La SIP indica que la cobertura de la pandemia ha estado marcada en el continente por una tensa relación entre los medios y el poder político, sin distinción de ideologías, ya sea por controversias en conferencias de prensa o por la escasa información oficial.

También por señalamientos de funcionarios gubernamentales contra opiniones e informaciones críticas, como en el caso de los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; de Brasil, Jair Bolsonaro; de México, Andrés Manuel López Obrador; de El Salvador, Nayib Bukele, y de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo la SIP.

En Venezuela, señaló el informe, el régimen encarceló a dos periodistas por cubrir casos relacionados con el coronavirus, mientras que la periodista Ana Belén Tovar del medio Entorno Inteligente sigue encarcelada desde el 19 de noviembre sin que se le hayan formulado cargos.

En Cuba, además de Roberto de Jesús Quiñones, que cumple una condena de un año, 11 periodistas independientes fueron detenidos en forma arbitraria y a otros 24 se les prohíbe la salida del país por el solo hecho de informar sin la aprobación del Estado.

En Nicaragua continúa vigente un estado de sitio, en el cual el gobierno de Daniel Ortega no permite reuniones en espacios públicos, incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales para que ataquen a medios y periodistas, a la vez que mantiene un duopolio de medios a manos de familiares de la pareja presidencial.

En Aruba, Chile, El Salvador y Trinidad y Tobago, los gobiernos impusieron algún tipo de restricción al flujo de noticias, aunque, igualmente, la prensa se esforzó para mantener informadas a sus comunidades.

La SIP expresó satisfacción porque en la mayoría de los países del continente y pese a los estados de emergencia nacional, cuarentenas, toque de queda y otras medidas para controlar el COVID-19, los gobiernos han respetado las garantías constitucionales y principios internacionales sobre libertad de prensa y expresión, para que los medios de comunicación y periodistas cumplan con su labor indispensable.

En el informe que se presentaría en la reunión de la SIP en Saltillo, México, prevista para el fin de semana pasado y suspendida por el coronavirus, se analizó la situación de la libertad de prensa en el último semestre en cada país de las Américas.

La organización dijo que durante el semestre, “no cesó la violencia contra periodistas. Nueve colegas fueron asesinados entre octubre y marzo pasados. Estos crímenes ocurrieron en Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Paraguay, mientras que una periodista continúa desaparecida en Perú. En Colombia, la impunidad sigue primando con la prescripción de siete casos de asesinato y la posible prescripción de otros cinco durante 2020”.

Las protestas sociales que en los últimos meses afectaron a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Haití generaron agresiones directas contra las instalaciones de medios de comunicación y sus equipos de trabajo. Los medios fueron atacados por grupos sociales que se describían como agraviados por las condiciones políticas, económicas o sociales en sus países.

Los periodistas y medios también fueron blanco de ciberataques por parte de las autoridades. “Casos claros de bloqueos, hackeos y robos de identidad fueron perpetrados en Cuba y Venezuela, siendo considerado este último gobierno como uno de los más activos del mundo en este tipo de agresiones tecnológicas. Muchos otros medios fueron atacados, particularmente en El Salvador y Brasil, donde ocurrió un ataque cada siete minutos durante 2019”.

En el frente legal, todavía existen rezagos por parte de los legisladores sobre la descriminalización de los delitos de injurias y calumnias, como en Honduras y Perú.

Mientras tanto, en Paraguay, Panamá, Perú y México las demandas civiles no tienen límites, por lo que los medios se ven asediados por reparaciones millonarias que ponen en riesgo su estabilidad. A las demandas por difamación se sumó la que el equipo de campaña del presidente Trump interpuso contra The New York Times, The Washington Post y CNN, siendo la primera vez que este tipo de hechos se registra en la historia de ese país, dijo la SIP.