Colegios parroquiales: Alternativas y sus consecuencias ante la inmovilización de sus cuentas bancarias

Recientemente la dictadura Ortega-Murillo haciendo uso del poder punitivo del Estado ordenó inmovilizar las cuentas bancarias de algunas Diócesis, Parroquias y colegios parroquiales de la iglesia católica en Nicaragua. Expondremos algunas ideas de lo que se puede realizar a corto y largo plazo para enfrentar esa arbitrariedad. Las mismas pueden resultar extremas o incoherentes, pero asumo el desafío de expresarme sin obviar que cualquiera de las alternativas siempre perjudicará a la población meta, me refiero a los estudiantes y padres de familia que son usuarios de los colegios parroquiales.

Algunos colegios parroquiales ya no tienen acceso a sus cuentas bancarias porque están siendo investigadas por lavado de activos, un proceso que puede durar meses entre investigación, juicios, y los procesos legales que se ventilen en los tribunales superiores. Debido a esa inmovilización no pueden hacer uso del dinero que se les deposita en las cuentas para cumplir con sus obligaciones laborales y pago de deudas presentes y futuras.

Los colegios parroquiales subsisten y pueden ejercer su labor por el pago simbólico que realizan los padres de familia, donaciones de personas que subsidian a alumnos becados y asumen el pago de servicios básicos, en otros casos el Estado subvenciona el pago de estos, también con dinero propio de la parroquia para complementar los pagos y por las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Educación (MINED). Por tanto, en ningún momento un colegio parroquial debe ser señalado e investigado de lavado de activos porque en todo caso es el mismo Estado que también financia la manutención de los centros de estudios.

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El panorama ante esta situación es caótico y desalentador pero se tiene que asumir un posicionamiento urgente para enfrentar las consecuencias que se producirán, las que oscilan entre demandas laborales por falta de cumplimiento de pagos, investigaciones a aquellas personas que decidan donar dinero porque la policía sospechará de cualquier actividad financiera que se desarrolle para suplir las necesidades de los centros e investigará por el mismo delito a quienes cooperen, las demandas del INSS por no pagar las cuotas, entre otras acciones.

Alternativa primera: A corto plazo se tendrían que enviar a los alumnos a sus casas y cerrar los colegios parroquiales afectados por la medida arbitraria y que el MINED brinde opciones a los alumnos a quienes se les cercenará el derecho a la educación. En este caso el MINED no tendría la capacidad técnica ni de espacio para responder a esa fuerte demanda y tampoco podrá ocupar los espacios parroquiales por ser inmuebles de las parroquias.

Alternativa segunda: A mediano plazo que los docentes y personal administrativo done su trabajo mientras dure la medida injusta. En este caso se verían afectadas los familiares, además que sería una vulneración de derechos humanos y laborales que podrían en cualquier momento desembocar en demandas laborales ante el Ministerio del Trabajo.

Alternativa Tercera: A largo plazo solicitar a los padres de familia que se organicen y que ellos asuman directamente los pagos a los docentes y demás personal, servicios básicos y administrativos propios del colegio. Consecuentemente esto traerá desestabilidad financiera en las familias por los propios gastos que tienen que realizar en sus hogares, porque ahora no solo asumirían el pago de siempre de la colegiatura, sino que tendrían que incrementar su aporte para el resto de los servicios que se logran pagar por las donaciones y aportes propios de las parroquias.

Cuarta: no hacer nada.