El zarpazo contra la UCA: un paso más hacia la talibanización de Nicaragua

Un sistema educativo de calidad y con autonomía, sirve como piedra angular de una sociedad próspera e ilustrada, fomentando un espíritu de curiosidad intelectual que anima a las personas libres, a cuestionar el conocimiento prevaleciente. Quizás por esa razón, a lo largo de la historia de la humanidad, las instituciones educativas independientes han sido las principales amenazas para las tiranías prevalecientes en cada época. Esa es la razón por la cual la dictadura de los Ortega-Murillo, ha lanzado un zarpazo contra la Universidad Centroamericana (UCA), la principal universidad privada del país fundada el 23 de julio de 1960 por la Compañía de Jesús.

El reciente ataque del régimen de Ortega a la UCA es una acción sumamente grave que representa el zarpazo más grave a la educación en Nicaragua, hasta este momento. Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la UCA ha sido acusada de "terrorismo" por un juez, lo que ha llevado a la incautación de sus activos materiales y financieros. Esto efectivamente confisca la prestigiosa institución jesuita, después de una serie de acciones que han inmovilizado sus propiedades, congelado cuentas bancarias y revocado la acreditación del Centro de Mediación.

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La confiscación de la UCA no sólo representa una grave amenaza a la libertad académica y al pensamiento crítico en Nicaragua, sino que es uno de los pasos más acelerados hacia la talibanización de Nicaragua. El término "talibanización de la sociedad" se refiere a un proceso en el cual una sociedad adopta o se ve influenciada por prácticas extremistas o fundamentalistas. El término se basa en el movimiento Talibán, el cual impone un conjunto rígido de creencias y prácticas en las áreas bajo su control. Cuando se utiliza en un contexto más amplio, se refiere a la imposición de ideologías o normas restrictivas que limitan la libertad individual, la educación, la diversidad cultural y el progreso social. Este término a menudo se utiliza para describir situaciones extremas en las que se restringen los derechos humanos, la educación, la participación política y el acceso a la información y la cultura. Eso es precisamente lo que está sucediendo en Nicaragua. 

Como parte de esa talibanización, la dictadura de los Ortega-Murillo ha implementado un patrón de cierre de espacios cívicos, clausurando más de 3500 organizaciones sin fines se lucró, entre ellas la Cruz Roja. Ha expulsado del país a casi un centenar de religiosos, mantiene en la cárcel a cuatro sacerdotes entre ellos el obispo Rolando Álvarez, y ha cerrado otras 26 universidades privadas. Desde el 2018, más del 10% de la población nicaragüense ha sido forzada al exilio y más de 70 personas en situación de arresto arbitrario. Los principales líderes de la oposición han sido expulsados del país y despojados de su nacionalidad nicaragüense. 

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En medio de toda esta represión, la UCA venía siendo un faro lucidez y no-violencia, particularmente en los momentos más álgidos de la represión. La confiscación de la UCA es una táctica de represalia por el papel de la universidad en las protestas sociales de 2018, durante las cuales brindó refugio a los manifestantes y criticó los abusos contra los derechos humanos. Bajo esa misma excusa, el régimen ha expulsado del país a varias órdenes religiosas y ha roto relaciones con el Vaticano. 

Además, las justificaciones para el cierre de las universidades han sido diversas, desde acusaciones de lavado de dinero hasta afirmaciones de ofertas académicas inconsistentes o infraestructura inadecuada. Este enfoque arbitrario no solo pone en peligro la educación, sino que también obstaculiza el crecimiento intelectual y el desarrollo del país. La verdadera razón, sin embargo, es la decisión de la dictadura de consolidar un modelo político tropicalizado de Corea del Norte o con esbozos de casos extremos de intolerancia política y social como la ejercida por los talibanes. 

Dado que la comunidad académica de la UCA está compuesta por miles de estudiantes y cientos de profesores, su confiscación tiene implicaciones más amplias para la educación en Nicaragua. Con el control de las universidades convirtiéndose en un objetivo para el régimen, surgen graves preocupaciones sobre la erosión del pensamiento independiente y el futuro de las instituciones académicas en el país. Ya es bien conocido que el sistema público de educación está totalmente controlado por la dictadura, bajo un esquema de adoctrinamiento.

¿Qué queda ante este zarpazo a la UCA? Creemos que la comunidad internacional debe solidarizarse con la UCA y abogar por la preservación de la libertad académica y los derechos humanos en Nicaragua, y debe hacerlo con todas las herramientas disponibles. Varias personas y organizaciones hemos instado a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones de derechos humanos y a las personas comprometidas con la libertad y la educación a nivel hemisférico, a unirse a nuestro llamado de solidaridad y apoyo a la UCA. Necesitamos que la voz del mundo se levante en defensa de esta institución valiosa y en rechazo a los ataques injustificados de la dictadura Ortega-Murillo.

Finalmente, estoy convencido que ningún pequeño dictador podrá extinguir el espíritu indomable de la comunidad jesuita. A lo largo de la historia, han desafiado valientemente la tiranía, impulsados por su dedicación inquebrantable a la educación, la compasión y la justicia. Su legado brilla, inspirándonos a todos a desafiar las probabilidades y abrazar la resiliencia. ¡El espíritu jesuita vive en la UCA!.