La batalla por el Poder Judicial en Nicaragua

La comisión parlamentaria encargada de ratificar a Ana Julia Guido no se detuvo con la ratificación de la Fiscal General y continúa sus esfuerzos para remodelar la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Este proceso, impulsado por la pareja dictatorial, tiene previsto culminar en diciembre, con la "recomposición" de la Corte, según una fuente interna de la CSJ.

"Los antaño influyentes cabilderos de la Corte, Bayardo Arce y Lenin Cerna, han sido excluidos del círculo de poder al punto que Rosario Murillo les prohíbe la entrada a la Secretaría del partido sandinista. Tanto Arce como Cerna están planeando su retorno y buscan recuperar influencia en los pasillos judiciales." Me comento recientemente un infiltrado en el aparato gubernamental.

Actualmente, la Corte Suprema opera con solo 9 de los 16 magistrados que la constitución nicaragüense establece como su número completo. La necesidad de nombrar a 5 nuevos magistrados se suma a la sustitución de dos magistrados, Yadira Centeno y Manuel Martínez, quienes superan la edad legal permitida para permanecer en sus cargos.

Este proceso de recomposición de la Corte se convierte en un enfrentamiento entre Daniel Ortega y Rosario Murillo por el control total del poder judicial. Aunque esta rivalidad ha sido evidente durante un tiempo, fuentes internas sugieren que Murillo ha ganado influencia al nombrar a afines en la Corte, consolidando su dominio sobre esta institución clave del Estado.

La lista propuesta para la Asamblea en septiembre contempla la continuidad de los magistrados sandinistas actuales, con la confirmación de Alba Luz Ramos como presidenta, en la que ambos dictadores parecen estar de acuerdo. Sin embargo, Murillo busca destituir a Marvin Aguilar de la vicepresidencia, alegando que tiene vínculos con Lenin Cerna, exjefe de la seguridad del Estado y rival de Murillo.

Entre los nuevos magistrados que Murillo pretende incluir en la Corte se mencionan a Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro, además de otros provenientes de diferentes sectores del gobierno y del partido controlados por Murillo, incluyendo algunos magistrados de apelaciones que ascenderían a la Corte.

La influencia de Murillo comenzó a crecer después de la represión de 2018, cuando logró apartar a Lenin Cerna de su cargo no oficial como enlace entre la Secretaría del Frente y el Poder Judicial. 

Néstor Moncada Lau fue nombrado en su lugar y lideró la creación de brigadas armadas motorizadas compuestas por empleados judiciales afiliados al partido. Estas brigadas llevaban a cabo acciones violentas por las calles de Managua, con armamento y recursos proporcionados desde la Corte y la alcaldía capitalina. 

Moncada y Marvin Aguilar supervisaron personalmente los juicios contra los líderes opositores encarcelados desde 2018, vulnerando sus derechos fundamentales.

Aunque se especuló sobre el destitución de Moncada de su cargo en la Secretaría del Frente, parece haber recuperado influencia y sigue ejecutando las órdenes de los dictadores en el poder judicial. Con la reciente muerte de Marcos Martinez, conocido como "Marquitos", quien manejaba asuntos personales de Ortega, Moncada está nuevamente al mando. Aunque Horacio Rocha también está cerca de la pareja dictatorial, Moncada sigue siendo una figura de gran poder.

Al menos cuatro jueces leales a Moncada y Murillo se mencionan como candidatos a nuevos magistrados de la Corte Suprema. Ernesto Rodriguez, presidente del tribunal de apelaciones, junto con los magistrados Henry Morales y Octavio Rothschuh están entre los mencionados. También se considera a la jueza Gloria Saavedra Corrales, responsable de las acusaciones contra la Universidad Centroamericana UCA por "terrorismo" y otros cargos infundados.

Aunque la ratificación de Ana Julia Guido como Fiscal General calmó preocupaciones sobre cambios en la Suprema, la situación sigue siendo incierta para los magistrados actuales, ya que Murillo ha creado un nuevo escenario en el que "ninguno de ellos está seguro", según nuestras fuentes. El poder judicial en Nicaragua sigue siendo un campo de batalla político crucial en el que los intereses de Ortega y Murillo chocan en busca de control.