Editorial: Dictadura sandinista instrumentaliza al GAFI para erradicar a la Iglesia y a la Sociedad Civil

Editorial 100% Noticias: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad que ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la transparencia y la integridad en el sistema financiero internacional desde su creación en 1989. 

Su misión principal ha sido combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global, estableciendo estándares y recomendaciones internacionales para prevenir y detectar estas actividades ilícitas. 

Sin embargo, en la actualidad, se requiere una atención urgente a la situación en Nicaragua, donde el régimen dictatorial ha manipulado y tergiversado las recomendaciones del GAFI en detrimento de la sociedad civil, religiosas y las instituciones educativas.

Lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan amenazas significativas para la estabilidad y la seguridad financiera a nivel mundial. 

Estas actividades ilegales permiten que fondos ilícitos fluyan a través de los sistemas financieros y se utilicen para financiar actividades criminales y terroristas que ponen en peligro la paz y la seguridad de las naciones.  Es por ello que la labor del GAFI es esencial, ya que establece directrices y estándares que los países miembros deben seguir para prevenir y combatir eficazmente estas prácticas.

Nicaragua y su relación con el GAFI

En la República de Nicaragua, se ha observado una serie de acciones alarmantes por parte del régimen sandinista, que alega cumplir con las recomendaciones del GAFI para justificar sus acciones. Sin embargo, estas acciones distan mucho de estar en línea con los principios de transparencia y lucha contra el lavado de dinero que promueve el GAFI.

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El régimen nicaragüense ha utilizado las recomendaciones del GAFI, en particular la número 8 sobre las Organizaciones de Sociedad Civil (OSFL), como pretexto para cerrar y confiscar organizaciones no gubernamentales, centros religiosos y universidades privadas. Estos actos, realizados con motivaciones políticas, están afectando directamente a sectores vulnerables de la población y comprometiendo la libertad y los derechos fundamentales.

Además, se ha denunciado que el régimen de Nicaragua ha ocultado o alterado datos relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, lo que podría influir en la evaluación de este país y evitar que se incluya en la Lista Gris de Países con graves deficiencias estratégicas en sus sistemas anti lavado. Esta opacidad y manipulación no deben ser toleradas.

Preocupa persecución a iglesias en Nicaragua

En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada preocupante en la persecución de la Iglesia Católica y Evangélica en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. 

En un comunicado titulado "Sobre actividad ilícita en el manejo de fondos y cuentas bancarias en diferentes diócesis del país", la policía sandinista justificó el estrangulamiento económico impuesto a la Iglesia Católica, alegando la "sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias" y vinculando a "personas condenadas por traición a la patria". Esta acusación no solo apunta a los exiliados políticos, sino que también afecta a quienes fueron despojados de su nacionalidad y propiedades en Nicaragua.

La Iglesia Católica ha sido una institución valiente que ha resistido las embestidas gubernamentales en Nicaragua, convirtiéndose en una voz de esperanza y apoyo para la sociedad civil en un momento en que muchas voces disidentes y activistas han sido forzadas al exilio o encarceladas. La continua persecución de esta institución religiosa es un intento flagrante de sofocar la oposición y silenciar cualquier crítica al desgobierno de Ortega.

El comunicado de la policía sandinista también menciona a la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero como supuestos corroboradores de los "movimientos delictivos de los fondos". 

Se exige a la Iglesia Católica que demuestre los movimientos de sus cuentas bancarias. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de acciones, llevadas a cabo por el gobierno, levantan serias preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad de las instituciones mencionadas.

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La persecución religiosa es un asunto que debería preocupar a la comunidad internacional, ya que va en contra de los principios de libertad religiosa y de expresión. La Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos humanos y la justicia en Nicaragua, y su represión es un ataque directo a estos valores fundamentales.

En medio de esta escalada de hostilidades, es fundamental que la comunidad internacional condene enérgicamente estas acciones y presione al desgobierno de Ortega para que respete los derechos fundamentales y la libertad religiosa. 

Además, es vital que se proporcione apoyo y solidaridad a la Iglesia Católica y a todas las voces valientes que se atreven a enfrentar la opresión en Nicaragua. La persecución religiosa y la represión política no tienen cabida en una sociedad democrática y justa, y es responsabilidad de todos alzar la voz contra estas violaciones de derechos humanos.

Responsabilidad del GAFI y el GAFILAT

Es imperativo que el GAFI y su organismo regional, el GAFILAT, tomen medidas drásticas y urgentes para abordar la manipulación y el abuso de las recomendaciones que están teniendo lugar en Nicaragua. 

El GAFI debe ejercer su autoridad y utilizar sus mecanismos de evaluación para verificar la adecuación y la eficacia de las políticas y acciones implementadas por el gobierno de Nicaragua en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La comunidad internacional, incluyendo al Subsecretario para Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Cancillería de Colombia y la Jesuita Compañía de Jesús, ha condenado las acciones arbitrarias y perjudiciales contra la comunidad universitaria y religiosa en Nicaragua. Es hora de que el GAFI y el GAFILAT se unan a estas voces en defensa de la justicia y los derechos humanos en el país.

Dictadura sandinista debe estar en lista gris del GAFI

La "Lista Gris" del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es una categoría de evaluación utilizada por esta organización intergubernamental para identificar a los países que tienen deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero que han demostrado su compromiso para abordar estas deficiencias. La Lista Gris del GAFI se compone de países que han sido identificados como "jurisdicciones con deficiencias estratégicas" en sus esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las implicaciones de estar en la Lista Gris del GAFI pueden ser significativas y abarcan varios aspectos:

*         Mayor Supervisión Internacional: Los países en la Lista Gris pueden enfrentar un mayor escrutinio internacional en sus prácticas financieras y sistemas de cumplimiento normativo. Esto puede incluir evaluaciones más frecuentes por parte del GAFI y revisiones más exhaustivas de sus marcos legales y regulaciones financieras.

*         Impacto en la Reputación: La inclusión en la Lista Gris puede afectar la reputación financiera y comercial de un país. Puede disuadir a inversores y empresas internacionales de hacer negocios en ese país debido a preocupaciones sobre la integridad de su sistema financiero.

*         Mayor Dificultad para Acceder a Financiamiento Internacional: Los países en la Lista Gris pueden enfrentar restricciones en su capacidad para acceder a financiamiento internacional en términos favorables. Los bancos y las instituciones financieras internacionales pueden ser más cautelosos al hacer transacciones con países en esta lista.

*         Sanciones y Medidas de Control: Dependiendo de la naturaleza de las deficiencias identificadas, los países en la Lista Gris podrían estar sujetos a sanciones o medidas de control por parte de otros países. Esto podría incluir restricciones comerciales, financieras o de inversión.

*         Presión para Reformas: La inclusión en la Lista Gris a menudo genera presión interna e internacional para que el país tome medidas concretas para abordar las deficiencias identificadas. Esto puede resultar en reformas legislativas y regulatorias destinadas a fortalecer el sistema de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Protección contra Riesgos Financieros y de Seguridad: Aunque la inclusión en la Lista Gris puede ser una señal de que existen problemas en el sistema financiero de un país, también puede servir como una herramienta para identificar y abordar riesgos financieros y de seguridad relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Es importante destacar que la inclusión en la Lista Gris no es necesariamente una condena, sino más bien una oportunidad para que el país demuestre su compromiso con la mejora de su marco legal y regulatorio en estas áreas. El GAFI trabaja con los países en la Lista Gris para ayudarlos a abordar las deficiencias identificadas y, una vez que se han realizado mejoras significativas, un país puede ser removido de esta lista y considerado cumplidor de las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La labor del GAFI es fundamental para mantener la integridad y la transparencia en el sistema financiero internacional y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esta misión se ve comprometida cuando un gobierno utiliza las recomendaciones del GAFI de manera abusiva y con fines políticos. 

Es responsabilidad del GAFI y el GAFILAT abordar esta situación y tomar medidas para corregir el comportamiento perjudicial del gobierno nicaragüense. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y solidaria en la defensa de los derechos humanos y la justicia en Nicaragua.