Oscar René Vargas: ¿Qué ha pasado y qué puede pasar con el gran capital?

Vivimos una crisis sistémica, es decir, una alteración de un sistema socioeconómico que se creía permanente. La crisis orgánica no es solamente del régimen Ortega-Murillo, aunque esté inmerso en ella. La crisis orgánica es nacional. Nos abarca y pone en riesgo a todos. Es la crisis de un sistema sociopolítico y económico que no podía resistir más y de ahí que se produjera la rebelión de abril 2018.

Voceros del gobierno, políticos tradicionales y portavoces del sector empresarial financiero señalan que ya estamos en un proceso de recuperación económica. Pero olvidan siempre mencionar un dato que puede ser una señal funesta: esta recuperación es producto de un proceso de empobrecimiento de las clases medias y de los sectores populares, lo que indica que, para ellos, la solución de la crisis económica pasa por el arreglo entre los poderes fácticos o la salida “en frío” de la crisis sociopolítica.

Hasta la fecha, a nivel interno, la dictadura tiene a su favor el ejército, la policía y los paramilitares que se han transformado en uno de los pilares de sustentación del régimen, lo cual ha permitido una cierta militarización de la sociedad. Sin embargo, NO cuenta con la gran mayoría de la población. Lo que da como resultado un “equilibrio inestable” o una “crisis orgánica”, el país no avanza. En todo caso, el regreso a la “normalidad” sociopolítica y económica que pregona el régimen, la dictadura está desprovista de las herramientas para hacer frente al encaje económico débil previsto para el período 2024-2026.

En el 2024-2026, viviremos en un estado de “equilibrio inestable” o “crisis orgánica” permanente. La crisis orgánica producto de la perturbación causada por un conjunto de factores (sociales, políticos, sanitarios, ambientales, religiosos, económicos e internacionales) que erosionan a la dictadura; es decir, viviremos el intervalo en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo.

La dictadura, el gran capital y otros poderes fácticos defienden el supuesto que los problemas se resuelven con más parches a lo ya parchado ante el recrudecimiento del “equilibrio inestable” y la creciente incertidumbre, la desigualdad crónica y el incremento de la pobreza de la mayoría de la población. La incertidumbre es perjudicial para la confianza de las empresas, la inversión y el crecimiento.

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Desde el 2020, el régimen Ortega-Murillo enfrenta una cancha marcada por cuatro elementos principales que afectan a sus pilares de sustentación del poder: 1) Posibles sanciones internacionales, las sanciones son una amenaza real a la estabilidad del régimen. 2) Una economía estancada por la incertidumbre que afecta la inversión; es decir, el comportamiento del capital extranjero y los distintos sectores del capital nacional de no hacer inversiones de largo plazo. Por lo tanto, reducción drástica de la inversión productiva y un crecimiento económico flojo. 3) El agravamiento del descontento social como consecuencia del acrecentamiento de la zozobra de pagar las cuentas a fin de mes, por la incertidumbre de la salud y el bienestar futuro de la familia. El temor constante de quedar rezagado. Más de la mitad de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. 4) Se conocerán los acomodos y reacomodos de los poderes fácticos internos, los cuales juegan un papel importante en la conformación de una nueva correlación de fuerzas entre: gran capital, Iglesia católica, Ejército, Policía, partidos políticos tradicionales, oposición subterránea y movimientos sociales.

En la estrategia de la dictadura la única manera de eludir la profundización de su aislamiento internacional, contrarrestar las sanciones, y mantener el apoyo del gran capital y evitar la profundización de las actuales fisuras de sus pilares es promover un “diálogo o consenso” con el Gran capital y los otros poderes fácticos para evitar el recrudecimiento de la crisis.

La recesión del 2018-2020 golpeó más a los hogares de bajos ingresos y vulnerables, y aumentó las brechas sociales en la sociedad nicaragüense. La recesión ha sido dura en términos de desigualdad y riesgo de caer en pobreza, pero la permanencia de la crisis sociopolítica ha arraigado/afincado la patología de la desigualdad. El desempleo abierto y encubierto es una de las claves de la desigualdad.

La crisis sociopolítica del 2018 ha tenido varios impactos y todos son regresivos: aumento de la pobreza extrema, a mediano y largo plazo tiende a arraigarse más. El desequilibrio de renta entre ricos y pobres ha aumentado, y mucho. En los últimos años, la desigualdad ha aumentado se mida como se mida. La permanencia de la crisis cortó en seco, para muchas personas, sus opciones de salir adelante al tiempo que empeoraba aún más una cicatriz: la desigualdad.

La brecha entre los que más y los que menos tienen, ha crecido con fuerza. La desigualdad tiende a cronificarse, a la vista observamos que casi el 70% de la población vive en pobreza laboral o está en riesgo de pobreza. Estas crisis han cogido a muchas personas justo en la edad en la deberían estar estabilizándose en el mercado laboral y eso tiene efectos duraderos. Tardaremos años en conocer más claramente las cicatrices, pero las veremos.

Los más afectados son, por mucho, los que están en la parte baja de la distribución salarial. Las pérdidas de empleo se cebaron con quienes estaban menos formados, con sueldos más bajos y, en muchos casos, con contratos temporales. Es decir, el desempleo dejó sin ingresos a un alto número de hogares y al mismo tiempo, más del 50% de los tienen un trabajo formal viven en pobreza laboral, su salario no alcanza para comprar una canasta básica.

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Toda la política gubernamental afecta directa e indirectamente la tasa de ganancia empresarial. El objetivo de Ortega, con su posible propuesta de diálogo y consenso, es ofrecer al gran capital la reversión de la tendencia de descenso de la tasa de ganancia general, recuperar la primacía económica y volver a controlar la sociedad como antes del 2018.

Que lo consiga sin la alianza con el gran capital es muy difícil y por eso es posible que la dictadura quiera llegar a un acuerdo, a una especie de reparto de cuotas de poder en el campo económico, pero estas propuestas chocan de bruces con la naturaleza ciega e irracional de los miembros de la cúpula de poder que promueven a los sectores fanatizados y paramilitares que quieren dominarlo todo.

La intransigencia de sectores de la cúpula del poder, favorable a una sucesión dinástica, puede producir una nueva fase de lucha en contra de la dictadura y el fracaso de un posible diálogo. Es posible que la dictadura en la fase de las posibles negociaciones busque liberar a los presos políticos, ofrezca pequeñas cuotas de poder en el campo económico vigilando desde dentro y amenazando desde fuera, aumentar las presiones y provocar más tensiones a la iglesia católica.

El control del Estado le permite a Ortega tener en sus manos una cosechadora de narcodólares que no está dispuesto a perder y más ahora, cuando necesita financiar el apoyo al presupuesto general de la república. La débil burguesía nicaragüense, de manera aislada, no tiene capacidad de crear un contrapoder y convertirse en un peligro para la dictadura. Teniendo la seguridad que Ortega tiene grupos “dormidos” al interior de la cúpula empresarial y siendo cierto que él teledirige al paramilitarismo y a grupos fanatizados, le da la capacidad para planificar el caos para someter a los poderes fácticos.

Provocar el caos y el descontrol ha sido un viejo método de la dictadura en el que no vamos a extendernos. Ortega utiliza el caos controlado como las presiones económicas para someter al gran capital para que acceda a un nuevo pacto. Ortega espera que el nuevo pacto le permita desarrollar otro componente de la estrategia encaminada a debilitar a los adversarios políticos provocando o agudizando conflictos en su interior.

La oligarquía y la burguesía tradicional están intentando nadar en dos ríos, como diciendo: queremos modernizar el estado sin modificar las estructuras mismas de la economía, queremos que la política sea diferente sin cambiar la jerarquización del poder dictatorial. Y eso simplemente no funcionará. Es un callejón sin salida.

Es lo que ha estado ocurriendo básicamente durante los últimos meses. Están intentando cambiar algunas cosas, pero tienen miedo al cambio y esquivan que ese cambio ocurra. Es una situación esquizofrénica: quieren un cambio político, pero no quieren las consecuencias de una innovación, renovación y modernización del Estado.

En definitiva, quieren un cambio político mediatizado para que en el fondo nada cambie, por eso declaran que quieren ir a elecciones con reformas electorales o sin reformas. Tienen la esperanza que las presiones de los poderes fácticos externos obliguen a Ortega a aceptar cambios y se produzca una “salida en frío” de la crisis sociopolítica.

Algunos miembros del gran capital juran que no pactará con Ortega-Murillo, eso está por verse, no hay ninguna garantía que no suceda. Hay que tener en cuenta que los grandes empresarios tienen mucho dinero, pero poco conocimiento político estratégico de mediano o largo plazo. Por tal motivo, el dictador piensa que puede haber una recuperación o rebote del pacto con el gran capital y los banqueros.

En el contexto antes descrito, los 200 millonarios, encabezados por los 14 más ricos, negocian, bajo la mesa y en secreto, un “orteguismo con o sin Ortega” para mantener sus privilegios y beneficios. El gran capital y la dictadura piensan que un nuevo pacto es la mejor forma de apaciguar la movilización social; es una apuesta para que se mantenga el “capitalismo de amiguetes”. En conclusión, desde el 2007, el gran capital y Ortega-Murillo han sido y son las dos caras de la misma moneda.