TELCOR, Represión Digital y Espionaje: La Estrategia del Régimen Ortega-Murillo para Silenciar a Nicaragua

La nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes de Nicaragua no es más que una herramienta adicional en una larga serie de medidas represivas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para consolidar su control sobre la sociedad nicaragüense. A pesar de que esta ley se presenta como un avance tecnológico, el verdadero propósito detrás de su implementación es intensificar el espionaje y la desinformación dirigida desde el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

Telcor, incluso antes de la aprobación de esta ley, ha funcionado como un centro de espionaje contra la población nicaragüensecentro de espionaje contra la población nicaragüense. Este organismo ha sido instrumental en la intervención de llamadas y grabaciones ilícitas, utilizando infraestructura para espiar a ciudadanos y disidentes.

Además, Telcor ha servido de infraestructura para el lanzamiento de campañas de desinformación en redes socialescampañas de desinformación en redes sociales, estableciendo granjas de cuentas falsas que han buscado manipular la opinión pública en beneficio del régimen. Estas actividades fueron evidenciadas cuando empresas como Meta (Facebook) detectaron y cerraron masivamente cuentas falsas creadas y operadas desde Nicaragua, todas vinculadas a una red digital controlada por el régimen.

Estas operaciones de espionaje y desinformación no se han llevado a cabo de manera aislada. Hay indicios claros de que regímenes extranjeros con avanzada capacidad tecnológica, particularmente China y Rusia, han proporcionado apoyo técnico para estas actividades. Rusia, por ejemplo, mantiene una base en Managua, desde donde podría estar asistiendo al régimen sandinista en el uso de tecnología de vigilancia y control digital.

Este control autoritario sobre las telecomunicaciones en Nicaragua no es nuevo. La censura y la represión contra medios independientes han sido constantes en la historia reciente del país. Un ejemplo emblemático fue el ataque contra las torres de Radio Corporación, destruidas en varias ocasiones por actos de terrorismo estatal para silenciar una de las pocas voces independientes que quedaban en el país. Sin embargo, con la evolución de las tecnologías y el incremento de la conectividad digital, el régimen ha encontrado necesario ajustar su estrategia y recurrir a herramientas más sofisticadas, como esta nueva ley, para extender su control al espacio digital.

Curiosamente, aunque Nicaragua ha recibido una calificación baja en libertad en la red en el reciente informe de Freedom House, no figura entre los países más represivos del mundo en este ámbito. Esto se debe, en gran parte, a que la actividad digital en Nicaragua es sorprendentemente vibrante, pero con una característica particular: la mayor parte de la participación proviene de nicaragüenses en el exilio. Este fenómeno refleja que el espacio digital nicaragüense es activo y diverso no gracias a una libertad interna, sino debido al compromiso de la diáspora y el exilio nicaragüense que, desde el exterior, continúa alzando la voz y generando contenido crítico contra el régimen.

Esta ley y el uso que se le ha dado a Telcor evidencian el objetivo último del régimen: cerrar todos los espacios de disidencia y debate, incluso en el ámbito digital, donde el control del espectro radioeléctrico se vuelve más desafiante debido a la tecnología moderna.

LEER MÁS: Nueva Ley de Telecomunicaciones es un ataque a la privacidad en Nicaragua, según PCIN

La intención del régimen es clara: restringir cualquier forma de expresión libre, ya sea en medios tradicionales, redes sociales o cualquier otro canal de comunicación, para garantizar su permanencia en el poder sin voces de oposición.

La represión y el control de las telecomunicaciones en Nicaragua representan no solo un ataque a la libertad de expresión, sino también un intento de silenciar a una sociedad que sigue demostrando su resiliencia y resistencia, tanto dentro como fuera del país. La comunidad internacional y la sociedad civil deben estar alertas ante estos abusos, que no solo representan una amenaza para Nicaragua, sino un modelo de represión que otros regímenes pueden intentar replicar.