Oposición de Nicaragua está contra reloj para lograr la unidad, se agudiza crisis aseguran analistas

MANAGUA - A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición continúa desarticulada y sin consolidar un verdadero bloque que pueda hacer frente en las urnas al gobernante Frente Sandinista, sostienen analistas consultados por la Voz de América.

Desde la división de las principales organizaciones opositoras surgidas a partir de abril de 2018, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, hasta peleas internas dentro de los partidos políticos tradicionales que no han logrado unirse y ser aceptados genuinamente en las nuevas iniciativas, la oposición nicaragüense se ve cada vez más lejos de lograr su objetivo principal de derrotar al partido de gobierno.

Y es que, en esta semana, por ejemplo, la Coalición Nacional opositora suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo “el control e influencia del orteguismo, al dejar la solución del conflicto interno del PLC en manos de la dictadura”.

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Según Félix Maradiaga, miembro de esta organización, “el Partido Liberal incurrió en varias violaciones al código de ética de la Coalición. Este código establece que las organizaciones que integran la Coalición Nacional deben dar pruebas fehacientes de ruptura con el régimen. La moción de expulsión del PLC fue aprobada el día de hoy”.

La fragmentación del Partido Liberal Constitucionalista, cuyo conflicto interno causó revuelo en la Asamblea Nacional, sumado a su expulsión de la Coalición Nacional, favorece al Frente Sandinista a criterio del exparlamentario y analista político Eliseo Núñez, ya que le quita capacidad de movimiento a la oposición.

Su tesis parte del hecho que la casilla del PLC era una de las opciones en que se podía inscribir una eventual alianza electoral de cara a los comicios de noviembre de 2021.

Mientras, el también analista político y exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo que estos vaivenes en la oposición únicamente benefician al gobierno.

“Prácticamente le estamos haciendo el favor al Frente Sandinista, con una oposición fragmentada y dividida el Frente Sandinista se impone, el orteguismo se va a salir con la suya, ese es el problema”, dijo Parrales a la VOA. 

Añadió que la realidad actual de la oposición nicaragüense es “peligrosa”, ya que el partido de gobierno aprovecha para consolidar “su propia oposición” que le permita montar mediante prebendas políticas un “juego electoral” que finalmente le garantice su permanencia en el poder.

La misma advertencia hizo el excontralor de la República y exaliado del sandinismo Agustín Jarquin Anaya, quien sostiene que la oposición corre contra reloj para lograr la anhelada unidad que podría vencer al sandinismo tras 13 años en el poder.

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Anaya estuvo preso hasta seis veces en los años 1980, durante el primer gobierno del presidente Daniel Ortega, pero fue su aliado a inicios de la década pasada e incluso fue su fórmula electoral en el 2001.

Él considera que la oposición aún puede oír las voces que llaman a la unidad y consolidar una fuerza similar a la que se creó en los 1990, cuando se logró el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro ante el partido revolucionario.

“Definitivamente, hay una situación que es compleja, pero es superable. Yo me recuerdo de los desafíos que teníamos nosotros en los años 80 y 90, teníamos la guerra en aquel entonces, era un estado totalizante y la oposición logró la unidad, y nos juntamos los que nos caíamos mal, y constituimos lo que fue la (coalición) ONU. Creo que ese es el desafío de hoy”, dijo Anaya.

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Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua confirmó en julio que las elecciones generales se celebrarán el 7 de noviembre de 2021 y anunció una ampliación del plazo para la legalización de los partidos políticos participantes hasta un máximo de cinco meses antes del día electoral.

Los analistas consultados consideran que cada vez hay menos tiempo para empujar cambios en el sistema electoral, presionar al gobierno para obligarlo a aceptar esos cambios, preparar el proceso electoral y ajustarse al calendario que fija la Ley Electoral.