Expolicía y comerciante entre presos políticos con más de dos años tras las rejas

Jueces, magistrados de apelaciones y de la CSJ, al servicio de Ortega, los han condenado y sometido a procesos irregulares

Están en diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. Han enfrentado detenciones ilegales, procesos judiciales arbitrarios, violación a sus derechos humanos y constitucionales, y magistrados de apelaciones y de la CSJ los mantienen encarcelados.

Mientras 37 nuevos reos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron obligados a cumplir 90 días de detención judicial y enfrentan juicios, otros que fueron detenidos en el contexto de las protestas ciudadanas de abril de 2018 ya llevan hasta más de tres años de encierro en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua , luego que enfrentaron arrestos arbitrarios, procesos judiciales irregulares, violación a sus derechos humanos y constitucionales.

El exteniente de la Policía orteguista, Edwin Antonio Hernández Figueroa, quien grabó un video antes de intentar salir del país, donde explicaba que abandonaba la institución porque no estaba de acuerdo con reprimir a los opositores del gobierno en el 2019, tiene dos años, cuatro meses y 8 días tras las rejas del régimen. Fue detenido el pasado 10 de junio de 2019 en el puesto fronterizo de El Guasaule por agentes de Migración y Extranjería, porque ya estaba circulado por la Policía al negarse a reprimir al pueblo, pero fue procesado por el delito de tráfico de drogas.

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100 % NOTICIAS llamó a familiares del expolicía para conocer cómo han sido afectados con su detención, pero prefirieron no dar declaraciones por temor a represalias del régimen. En este caso, nueve meses tardó la juez Alía Dominga Ampié Guzmán, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, para dictar la sentencia contra Hernández.

Su defensa Eber Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en ese momento, expresó que tuvo que introducir cuatro escritos pidiendo a la judicial dictara la sentencia, ya que el juicio había terminado el pasado 31 de octubre de 2019. La judicial condenó a Hernández a seis años de cárcel por supuesto tráfico de droga y le impuso una multa de 300 días, equivalente a 18,717 córdobas que tendría que depositar a favor del Sistema Penitenciario Nacional.

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) confirmaron la sentencia de primera instancia y lo volvieron a condenar, a pesar de las irregularidades señaladas por Acevedo en el juicio. Ahora está a la espera que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realicen la audiencia de casación y decidan si lo dejan en la cárcel o lo liberan.

Comerciante lleva más de dos años preso

En los últimos cinco meses el régimen mantiene encarcelados y sometidos a juicios, a través de detenciones judiciales de 90 días, a 37 nuevos presos políticos, entre ellos: precandidatos presidenciales, líderes opositores, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos, periodistas, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exembajadores, entre otros y mantiene tras las rejas a 123 reos de conciencia más que fueron apresados antes y durante el estallido social de abril de 2018.

El comerciante Osman Marcel Aguilar Rodríguez, de 40 años, fue capturado por la Policía el pasado 7 de julio de 2019 junto a otros dos presos políticos y lleva dos años, tres meses y 11 días tras las rejas del régimen. Según la CPDH, éste se atrincheró en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y protestó contra los abusos del régimen.

Familiares de Aguilar consultados por este 100 % NOTICIAS declinaron dar declaraciones sobre el tema por temor a ser víctimas de las represalias del régimen. Aguilar Rodríguez es dueño de una pulpería, ubicada en el barrio Laureano Mairena, y el régimen lo acusó de ser el jefe de una banda que trafica armas conocida como «Los Caraceños». La Policía dijo en el juicio contra él que encontró tres fusiles AK en un orificio que había bajo una cama en su vivienda. Aguilar fue condenado a seis años y nueve meses de prisión por los delitos de: fabricación, tenencia y uso de armas de fuego.

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Magistrados del TAM confirmaron la sentencia de primera instancia en su contra y lo mismo hicieron los magistrados de la CSJ, por lo que ahora tiene sentencia firme.

 

 

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