¿Qué puede pasar en Nicaragua tras el triunfo de Ortega en las elecciones?

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se apresta a imponerse en las elecciones presidenciales del domingo, con lo que extendería su mandato hasta, al menos, enero de 2027, convirtiéndose en el gobernante americano vivo con más tiempo consecutivo en el cargo.

Tras los comicios, criticados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América por considerar que no existen garantías democráticas para celebrarse, varias interrogantes se plantean para el futuro del segundo país más pobre de América.

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A continuación, cinco escenarios para los próximos meses:

Represión

Desde que iniciaron las protestas contra el gobierno de Ortega, en abril de 2018, al menos 300 personas perdieron la vida y 155 opositores permanecen tras las rejas, según cifras de organismos de derechos humanos, que los califican como "presos políticos".

La cifra se engrosó este año cuando 37 adversarios, incluidos siete aspirantes a la Presidencia, fueron aprehendidos por conspiración y traición, mientras que el Consejo Supremo Electoral despojó a tres partidos de su acreditación legal y el Congreso hizo lo propio con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG extranjeras.

El recrudecimiento de la represión, sin embargo, podría haber llegado a su acmé ya que la mayoría de los líderes políticos abandonó el país o tiene alguna medida judicial.

Sin embargo, las capturas podrían extenderse a la población común, advirtieron analistas entrevistados por Reuters, con el objetivo de eliminar toda opción de disidencia.

Más presión internacional

Funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters la semana pasada que trabajan con socios internacionales en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta al triunfo de Ortega en las presidenciales del domingo.

Además, el gobierno de Joe Biden ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (DR-CAFTA). Sin embargo, el pacto fue rechazado por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando era oposición en 2005.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no redundarían en un cambio de Gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela, donde occidente ha impuesto castigos.

Por el contrario, el mandatario y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, usarían las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Ante un posible incremento de la presión internacional en contra de la administración Ortega-Murillo, la pareja podría acercarse, aún más, a aliados como China y Rusia en busca de apoyo económico.

Oposición fragmentada

El ostracismo de líderes políticos y estudiantiles podría ayudarle a Ortega a mantener a raya a la oposición toda vez que la mayoría de dirigentes se encuentran fuera del país, tras las rejas o con prohibiciones judiciales para moverse o expresarse libremente.

Difícilmente, en el corto plazo, la oposición logre articular un frente unido luego de las elecciones presidenciales de 2021 ya que unos llamaron al voto nulo, otros a la abstención, y varios han sido acusados de callar ante el clima de represión.

Sin embargo, la oposición tendrá la oportunidad de reivindicarse en las elecciones municipales de fines de 2022 cuando los nicaragüenses volverían a las urnas para elegir alcaldes y concejales de los 153 municipios del país.

Ello, siempre y cuando los comicios cuenten con las garantías mínimas que hoy reclaman los adversarios de Ortega.

Economía débil

Entre 2000 y 2017, el crecimiento económico del país promedió un 3.9% gracias a una demanda interna impulsada por las remesas y por inversión extranjera directa. Pero el inicio de la crisis política en 2018 y la pandemia del coronavirus en 2020 dieron como resultado una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) real del 8.8% acumulado entre 2018 y 2020.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar -tras bambalinas- con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad.

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"El Gobierno está consciente de que los empresarios son necesarios para asegurar un buen funcionamiento de la economía", opinó Tiziano Breda, analista del International Crisis Group. "Por ello ha lanzado mensajes de anhelo de retorno a las relaciones positivas que había antes de 2018".

Ya en 2009, Ortega acordó un ambiente de convivencia con los principales gremios empresariales del país, que supuso un buen desempeño económico tras la recesión de ese año, provocada por la crisis financiera mundial de 2008.

Además, el Gobierno buscaría mantener, al menos en el corto plazo, los flujos financieros de instituciones regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, analistas opinaron que pese a que diálogo con los empresarios pudiera surtir efecto, la recuperación económica sería ligera ya que la pobreza se mantendría cercana al 40%.

Migración sigue al alza

Más represión contra el ciudadano común y un pobre desempeño económico puede llevar a más migración, no sólo a Costa Rica, sino hacia Estados Unidos, comprometiendo los esfuerzos de la administración Biden por contener a los viajeros ilegales hacia el norte.

"Con el sistema migratorio de Costa Rica abrumado desde 2018 con un atraso de 89,000 solicitudes de asilo sin resolver, los nicaragüenses buscan cada vez más otros destinos, sobre todo Estados Unidos", dijo International Crisis Group en un informe.

El número de nicaragüenses detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado drásticamente en 2021, de 575 en enero a 13,391 en julio, según cifras oficiales.

Sin embargo, con cada vez más nicaragüenses fuera de su país, las remesas están creciendo año tras año, lo que ayudaría al Gobierno a mantener niveles de subsistencia interna.

Entre 2017 y 2020 los envíos de dinero desde el exterior crecieron un 33% a 1.851 millones de dólares. Las remesas representan alrededor del 15% del PIB del país, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.