Analistas: sanciones se las buscó régimen en Nicaragua, por aferrarse al poder con "elecciones amañadas"
Tras las sanciones de parte de Estados Unidos y del Reino Unido a varios funcionarios e instituciones de la dictadura de Nicaragua, defensores de Derechos Humanos en el exilio han celebrado las sanciones impuestas por estos países.
Entre los sancionados por Estados Unidos se encuentran José Antonio Castañeda Méndez, José Adrián Chavarría Montenegro, Mohamed Mohamed Ferrara Lashtar, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, Salvador Mansell Castrillo y Luis Ángel Montenegro Espinoza. Así mismo sancionaron al Ministerio Público de Nicaragua.
De igual manera fueron sancionados los alcaldes orteguistas, Leonidas Nicolás Centeno Rivera, alcalde de Jinotega, Francisco Ramon, Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí, y Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa.
Minutos más tardes, Reino Unido sancionó a Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua. Los demás sancionados son los comisionados mayores de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Valle —ambos señalados de dirigir violentos ataques contra opositores al régimen desde el levantamiento social de 2018—; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
“Régimen está acorralado”
Haydée Castillo, defensora de los Derechos Humanos, quien se encuentra en el exilio, dijo a 100% Noticias que las sanciones impuestas por ambos países “tienen acorralado al régimen, quien ha hecho caso omiso a los llamados de la Comunidad Internacional sobre la liberación de los presos políticos y realizar elecciones libres”.
“La OEA (Organización de Estados Americanos) reconoce que el régimen rompió y socavó las instituciones democráticas. Hay sanciones a la Fiscalía y a alcaldes de municipios”, expresó Castillo.
Las alcaldías sandinistas se convirtieron en un brazo represor de la dictadura cuando los ciudadanos comenzaron a levantar su voz contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra unas fallidas reformas al Seguro Social que dejaron más de 320 personas asesinadas a manos de la Policía y de fuerzas parapoliciales, quienes operaban desde las alcaldías.
Castillo añadió que las nuevas sanciones son producto de la resistencia ciudadana, que el pasado siete de noviembre decidió quedarse en casa y no salió a votar en las cuestionadas elecciones que estuvieron en la mira de la Comunidad Internacional.
“A la Comunidad Internacional ya no le quedan pretextos y argumentos para demandar la liberación de los presos políticos y de las libertades en Nicaragua”, observó Castillo.
Ortega, responsable de sanciones
La defensora de los Derechos Humanos señaló que el único responsable de las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos es el mismo Daniel Ortega por desobedecer las advertencias de la Comunidad Internacional, quienes le han sugerido dialogar con la oposición para solucionar la crisis que atraviesa a Nicaragua desde el 2018.
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“Tal y como lo dice la resolución de la Asamblea General de la OEA, el único responsable de toda esta presión de las medidas que está haciendo la Comunidad Internacional, el mismo régimen se lo ha buscado porque hizo caso omiso a todos los llamados y resoluciones de la Comunidad Internacional”, puntualizó Castillo.
“La última resolución del Parlamento Europeo hablaba de esta situación en conjunto con Estados Unidos y están pasando de promulgar leyes a sanciones conjuntas y coordinadas”, manifestó.
La defensora de los Derechos Humanos agregó que “si a alguien hay que reconocer su resistencia es al pueblo de Nicaragua, que no se ha quedado de brazos cruzados”, finalizó.
Se espera que en los próximos días, la Unión Europea apruebe más sanciones contra otros funcionarios de la dictadura, así como instituciones señaladas de violar los derechos humanos de los nicaragüenses que han mostrado su descontento contra los vejámenes del régimen.