Urnas Abiertas presenta radiografía de "elecciones" en caribe de Nicaragua

Para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad popular. La situación actual de estas comunidades es sumamente crítica, no solo por las manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la dictadura Ortega-Murillo en todo el territorio nacional, sino también por las invasiones armadas bajo el auspicio del Estado, la militarización de los territorios protegidos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Para la Costa Caribe la permanencia del Frente Sandinista (FSLN) en el poder representa la profundización de una crisis que data desde años atrás.

Situación de la Costa Caribe

A pesar de que, las Regiones del Caribe nicaragüense cuentan con un Estatuto de Autonomía, los retos de carácter social, cultural, político y económico son muchos y la coyuntura sociopolítica que vive el país termina afectando doblemente a las comunidades más empobrecidas e históricamente excluidas. Al día de hoy, los problemas socioeconómicos, ambientales y políticos que ha vivido por años la Costa Caribe continúan intensificándose. La tala indiscriminada de los bosques de la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, la pesca industrial, la minería, el uso de suelos para monocultivos y la ganadería extensiva que incrementan los asedios y asesinatos en comunidades indígenas y afrodescendientes con el fin de quitarles sus tierras ya demarcadas, según lo estipula la ley.

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Las comunidades de la Costa Caribe actualmente enfrentan una enorme crisis de violencia a causa de la expropiación de tierras comunales y ancestrales. Desde el año 2018, se ha registrado un incremento considerable en las invasiones por parte de colonos que se apropian ilegalmente y por la fuerza de los territorios de propiedad comunal para la extracción de madera, la producción agrícola irresponsable y la implementación de prácticas de pesca inadecuadas.

La situación actual de estas comunidades es sumamente crítica, no solo por las manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la dictadura en todo el territorio nacional, sino también por las invasiones armadas bajo el auspicio del Estado, la militarización de los territorios protegidos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Como resulta evidente, más de treinta años después de la aprobación del régimen de autonomía para la Costa Caribe, las ideas de autonomía, desarrollo y respeto por los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes todavía continúan siendo una utopía.

Observación ciudadana

Gracias a la metodología implementada y a la observación in situ, se han logrado procesar 194 reportes ciudadanos vinculados a 626 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jornada. Estos tuvieron lugar en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y de la Costa Caribe Sur, se recibieron reportes desde 18 de los 20 municipios de las regiones autónomas, lo que equivale a un 90% del total de los municipios.

De la Costa Caribe Norte se recibieron reportes del 100% de los municipios: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Wasalala y Waspán. De la Costa Caribe Sur se recibieron reportes del 83% de los municipios: Bluefields, Desembocadura de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Islas del Maíz (Corn Island), Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Bocana de Paiwas. Solamente de los municipios de El Ayote y Laguna de Perlas no se recibieron reportes.

Respecto al acompañamiento electoral anunciado por el gobierno de Nicaragua, se conoció que 7 integrantes de Black Alliance for Peace se movilizaron a realizar acompañamiento electoral en la Costa Caribe. La principal vocera de este grupo de acompañantes electorales afines al régimen Ortega-Murillo fue Margaret Kimberley, quien se encargó de divulgar a través de sus redes personales la teoría estigmatizante que señala que las protestas sociales de 2018 fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos.

Coacción del voto

Las acciones para coaccionar el voto se vieron acompañadas por el despliegue de vehículos y recursos del Estado para garantizar la movilización de votantes. Durante todo el domingo 7 de noviembre se observó 311 veces el uso de vehículos de instituciones públicas trasladando votantes, en su mayoría coordinados por integrantes de las estructuras partidarias del FSLN.

El uso de vehículos del Estado se registró en 15 de los 20 municipios de las Regiones Autónomas, que corresponde a un 75%. El Ministerio de Salud fue la institución que más vehículos puso a disposición, seguidos por las Alcaldías, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional. También se observó uso de transporte de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la universidad Bluefields Indian and Caribbean University (BICU).

Otro tipo de acciones que se observaron, fue la de trabajadores del Estado ofreciendo sopas, nacatamales o dinero a cambio del voto, producto del abandono histórico que vive la Costa Caribe existe una política de clientelismo institucionalizada.

Violencia política

En la jornada del 7 de noviembre se registraron 72 hechos de violencia política provenientes de ambas Regiones Autónomas y desde 10 de los 20 municipios de la Costa Caribe, lo que representa el 50%. En los municipios de donde se recibieron reportes de hechos de violencia política fueron:

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● RACCN: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Siuna, Waslala, y Waspán. En 7 de los 8 municipios (87,5%).

● RACCS: Bluefields, La Cruz de Río Grande y Nueva Guinea. En 3 de los 12 municipios (25%).