CENIDH lanza carta abierta a delegaciones que asisten a investidura de Daniel Ortega

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha protestado contra las delegaciones que asistirán esta tarde a la ilegítima toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el documento, el organismo defensor de los derechos humanos denuncia la masacre del régimen perpetrada por el régimen contra los manifestantes que alzaron su voz contra las fallidas reformas al seguro social.

“Esto ustedes (invitados especiales) lo saben ya. Queremos más bien hablarles sobre las más de trescientas familias que a partir del 18 de abril de 2018 sufrieron el asesinato de sus hijos o parientes cercanos, por la represión estatal contra la protesta social”, dice parte de la carta abierta del Cenidh a las delegaciones presentes en la cuarta juramentación contínua de Daniel Ortega.

Lea: Estados Unidos cancela visa a 116 funcionarios de Daniel Ortega

La carta agrega que “hasta hoy, enero de 2022, ninguna de esas familias ha podido saber la verdad de lo ocurrido, pues no se ha iniciado ni un solo proceso para conocer los hechos, dar con los responsables y castigarlos, y reparar el daño causado”.

Ortega, quien por segunda ocasión juramenta junto a su esposa, Rosario Murillo, quien ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y Europa en múltiples ocasiones por ser señalada de violar los derechos humanos de los nicaragüenses, se juramentarán con 170 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, entre ellos, los siete aspirantes presidenciales que gozaban de amplio respaldo popular y que podían derrotarlo en primera vuelta.

Lea más: Estados Unidos sanciona a generales del Ejército y a más funcionarios nicaragüenses

En la carta, el Cenidh recuerda a las delegaciones que “muchos de los asesinados eran jóvenes, y a veces hasta niños, a quienes se les disparó con armas de guerra. Sus familias se han organizado para demandar verdad y justicia, y por ello son vigiladas, perseguidas y muchas veces impedidas físicamente de salir de sus casas para realizar cualquier manifestación pública, las que están prohibidas desde octubre de 2018. Desde entonces todos los intentos de manifestarnos han sido frustrados con una presencia policial permanente, que de hecho constituye un estado de excepción”, se lee en el documento.

¿Y los muertos?

El organismo defensor de los derechos humano exhorta a los “invitados especiales” a “que salgan a las calles, que pregunten por los asesinados, por las madres que lloran a sus hijos, por los familiares que en un diario peregrinar se acercan a las cárceles y celdas policiales llenas de presos políticos que son inocentes y viven una situación de detenciones arbitrarias, aislamiento, incomunicación y tortura. Ustedes tienen derecho a preguntar, tienen derecho a saber la verdad: que en Nicaragua hay presos y presas políticas, que en Nicaragua la represión es masiva y permanente”.

Lea también: UE sanciona a Policía Nacional, CSE, Telcor, magistrados electorales, Laureno y Camila Ortega

El documento agrega que “si (las delegaciones presentes) toman un poco de su tiempo fuera de las ceremonias y la pompa del inicio de este cuarto período presidencial, si se acercan a las víctimas, verán sin intermediarios que no son golpistas, que no son terroristas, que no son agentes extranjeros. Verán que se trata de nicaragüenses que luchan en contra de la represión del Estado, que les ha arrebatado la libertad y la vida a sus seres queridos. Sabrán que las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos sido llevadas casi a la clandestinidad, que nuestras personerías jurídicas las han cancelado ilegalmente y nuestras instalaciones e instrumentos de trabajo han sido robados”.

“Esta carta abierta la hacemos porque sabemos que muchas y muchos de ustedes también luchan por la libertad de los pueblos y por la verdad. Por eso confiamos en que no serán indiferentes -como escribió Cortázar en los 80- a “…cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres…” que, en Nicaragua, siguen clamando por justicia y libertad”, finaliza la carta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cuya personería jurídica fue suspendida en 2019 por los diputados afines a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.