Asamblea Nacional cancela personería jurídica de dos universidades, UTN y USTON de Granada

Con 75 a favor, cero en contra y 16 abstenciones, los diputados sandinistas que usurpan los escaños en la Asamblea Nacional aprobaron la cancelación de la personalidad jurídica de dos universidades privadas, que corresponden a la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Uston Granada.

En la sesión legislativa, los diputados no se tomaron ni la menor molestia para discutir dicha cancelación presentada por el Ministerio de Gobernación por lo cual fue aprobada de forma “exprés”.

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En la fundamentación legal, el Migob argumenta que las universidades incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a las Asociaciones Sin Fines de Lucro.

Entre las leyes supuestamente violentadas están: Ley No. 147 Ley General sobre personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, Ley No. 977 Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

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También agregan el Decreto Ejecutivo No. 15-2018 Reglamento de la Ley No. 977 Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Señalan que encontraron inconsistencias y juntas directivas que violentan las leyes de la materia y que regulan a organismos sin fines de lucro

“Estas dos asociaciones ha incumplido con los estados financieros conforme a los períodos fiscales, desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final; fomentando la falta de transparencia en la administración de los fondos y desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron o no acorde a sus fines y objetivos por los cuales la Asamblea Nacional les otorgó la personalidad jurídica”, indica el documento.

Cabe señalar que los bienes inmuebles de estas dos universidades privadas pasarán a manos del Estado, tal como ocurrió con otros centros de estudios superiores confiscados en el país. 

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Las universidades canceladas forman parte de unas 90 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018.