Colectivo de DDHH condena cancelación de personerías jurídicas en Nicaragua

El Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, continúa alzando la voz contra las cancelaciones de las personerías jurídicas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Nicaragua, las que están siendo ilegalizadas en el país por parte de los diputados que usurpan los escaños en la Asamblea Nacional.

"El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 200 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", señala un comunicado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, difundido este jueves a los medios de comunicación.

Entre las organizaciones canceladas están: Fundación Fortalecimiento Institucional Autonómico para el Desarrollo Comunitario Nicaragua “FORADECON” (TAWAN KARNA PAWANKA Nicaragüita), Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Jóvenes y Niños Campesinos del Municipio de Waslala, Asociación de Productores de Semilla de Nueva Guinea, Asociación Oncológica de Nicaragua (ASONCONIC), Asociación de Rescatadores de la cultura Indígena de Sutiava, entre otras organizaciones de gran importancia para la sociedad nicaragüense.

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"Ante la amenaza de cancelar más organizaciones, denunciamos el ensañamiento contra asociaciones de mujeres, indígenas o autonómicas, y la continuidad de procesos administrativos arbitrarios e inconstitucionales", añade el documento del organismo defensor de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional junto con el Ministerio de Gobernación, institución que se ha convertido en uno de los brazos represores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes además usurpan la presidencia de Nicaragua, han ordenado la cancelación de la personalidad jurídica de al menos 1064 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

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"Denunciamos la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua", agrega el comunicado.

"Expresamos nuestra solidaridad a las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas; exigimos el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de las más de 190 personas presas políticas en Nicaragua", finaliza el documento.