Urnas Abiertas reporta 385 hechos de violencia política en 6 meses en Nicaragua
El observatorio de violencia política Urnas Abiertas informó este lunes de que al menos 385 hechos violentos políticos ocurrieron en los primeros seis meses del presente año en Nicaragua, que vive una crisis sociopolítica desde 2018.
“Entre el 1 y el 30 de junio de 2002 se registraron 385 hechos de violencia política en Nicaragua, provenientes de todos los departamentos (provincias) y regiones autónomas del país”, indicó en un informe Urnas Abiertas, un grupo de profesionales dedicados a dar seguimiento a los sucesos políticos del país centroamericano.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018 que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su primer año dejó al menos 355 muertos, en ataques de las fuerzas estatales a masivas protestas antigubernamentales. El presidente Daniel OrtegaDaniel Ortega ha reconocido 200 víctimas.
Según Urnas Abiertas, la mayor cantidad de hechos violentos en los primeros seis meses de 2022 ocurrieron en abril, mes que la oposición conmemora el aniversario de las manifestaciones contra Ortega.
“En tres de cada diez hechos de violencia política registrados se observó como víctima principal a la ciudadanía en general, es decir, personas que no están involucradas en organizaciones políticas o sociales, tampoco son periodistas, defensoras, trabajadores del Estado o víctimas directas de las graves violaciones de derechos humanos”, indicó Urnas Abiertas.
El observatorio responsabilizó de los sucesos violentos a la Policía NacionalPolicía Nacional, el Poder Judicial Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario Nacional, alcaldías, Dirección de Migración y Extranjería, Ministerio de GobernaciónMinisterio de Gobernación, entre otros.
“El régimen ha optado por una estrategia represiva generalizada contra la ciudadanía en general y otros actores de oposición”, resaltó Urnas Abiertas.
La crisis sociopolítica de Nicaragua ha empujado a más de 200.000 nicaragüenses al exilio, según diversas fuentes, incluyendo el Gobierno de Costa Rica, incluyendo decenas de defensores de derechos humanos, más de un centenar de periodistas, o exguerrilleros sandinistas.