Demandan visita de hijos a los demás presos políticos de El Chipote

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que asegura promover la unidad familiar y la protección de la infancia en Nicaragua "se ensaña de la manera más cruel" contra los niños hijos de las personas presas políticas y en muchos los casos los priva del elemental derecho de ver o tener comunicación con sus padres o madres encarcelados por ser opositores. 

"Les está destruyendo su infancia" denuncian abogados, psicólogos y defensores de derechos humanos.

"Las historias son desgarradoras: hijos que no duermen llamando a su papá o mamá, teniendo pesadillas con aquel momento en que vio que la policía orteguista se los llevaba de la forma más violenta ante sus ojos. Esa la crueldad solo comparable con el secuestro naci de los niños judíos durante el holocausto, solo con eso se puede comparar", dice una opositora que pidió el anonimato, porque tiene un menor en su familia que vive el tormento, noche tras noche, de pedir ver a su mamá.

En Nicaragua, según los datos más recientes del Mecanismo Para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hay 190 nicaragüenses encarcelados por razones de conciencia, rehenes de la dictadura por pensar diferente. Producto de estos encarcelamientos, 140 niñas, niños y adolescentes sufren ahora una "separación forzosa" de su papá o su mamá, afirma la activista proderechos de los pesos políticos Ana Lucía Álvarez.

Pero la crueldad de los dictadores Ortega y Murillo no se ha quedado solo en la persona de los opositores sino que se ha extendido a sus pequeños hijos, a los que aplica una "especie de tortura", privándolos del derecho universalmente protegido de tener contacto y comunicación con sus padres y madres aunque estén privados de libertad. "La crueldad y perversidad de los dictadores Ortega y Murillo no tiene límites" y alcanza a niños y adolescentes inocentes, ha dicho la defensora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez.

En Nicaragua, una madre y un padre presos políticos han tenido que recurrir a la huelga de hambre para demandar al régimen que les permita ver a sus hijos. Se trata de Miguel Mora que estuvo 59 días en huelga y hoy cierra el ciclo de 60 días con un ayuno de acción de gracias, tras la visita que autorizaron el sábado para que viera a su hijo Miguelito.

También Tamara Dávila que estuvo 5 días en huelga de hambre, para que los carceleros les autorizaran una visita de su hija de seis años, ayer sábado.

Finalmente, este sábado 20 de agosto, tras más de 14 meses de separación, los dos lograron abrazarse con sus pequeños en escenas conmovedoras, donde hubo lágrimas y sonrisas cargadas de optimismo, según relataron los familiares que presenciaron el encuentro.

Sin embargo, solo en el Chipote quedan 17 reos de conciencia con hijos menores que tampoco han visto a sus hijos por más de una año y al menos 50 adolescentes que también sufren esa separación forzosa.

Entre ellos el periodista Miguel Mora y el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, Róger Reyes miembro de la UNAB, Suyén Barahona, Walter Gómez, Juan Sebastián Chamorro cuya hija está fuera de Nicaragua y no le permiten ni una llamada telefónica. Álvaro Vargas, exvicepresidente del COSEP, quien tiene hijos menores y no los ha podido ver entre otros presos que demandan el legítimo derecho de tener contacto con sus hijos.

Un psicólogo nicaragüense, que expone su criterio profesional a condición de reservar su identidad para evitar represalias, asegura que la acción de la dictadura al no permitir contacto de los menores de edad con sus padres o madres presos políticos es una "separación forzosa" ejecutada por el Estado, y por tanto tienen consecuencias que perdurarán para toda la vida. "Les están destruyendo su infancia y afectando toda sus vidas", apuntó el análisis del profesional de la psicología.

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Para el psicólogo, Nicaragua vive una situación sin precedente que ya genera daño emocional en toda la población debido a que existen mamás que por razones políticas "totalmente autoritarias" han sido apartadas de la convivencia con sus hijas e hijos. "Esas mamás sufren cárcel y se les ha negado el acceso total a comunicación con sus hijos", algunos menores de 7 años.

Explica que la situación se torna más grave aún si se toma en cuenta que este tipo de separación provoca una forma muy "especial" de ansiedad en menores que en psicología es tipificada como "ansiedad por separación".

Un cierto grado de ansiedad por separación es normal y se observa en casi todas las niñas y los niños, sobre todo a temprana edad.

El profesional destaca que, aunque en cierto grado es normal que los menores sufran de ansiedad cuando son separados de una persona muy cercana a ellos que puede ser la madre o el padre, aprenden a superarlo cuando entienden que esa persona regresará, sin embargo en el caso de los presos políticos, esa ansiedad es excesiva porque se deriva de una "situación vital perturbadora" que en este caso, es "el secuestro y encarcelamiento de la mamá o papá de manera forzada",.

Esa ansiedad se puede manifestar en un caso grave si la niña o el niño es testigo de cómo se los llevaron, tal como ha ocurrido en la mayoría de los casos de los hijos de presos políticos que han presenciado el "secuestro violento" de sus padres o madres ejecutado por aparatosos dispositivos policiales armados como para la guerra.

La Convención Internacional del niño establece que "No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana". Este precepto parece ser ignorado por la dictadura Ortega Murillo.

El Artículo 2 de esa Convención de la que el Estado de Nicaragua es firmante sentencia que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares", también los Ortega-Murillo violan flagrantemente este derecho universal.

Por su parte, el conjunto de leyes penales de Nicaragua protegen el derecho  de los niños a mantener contacto con sus padres y madres aún cuando estén privados de libertad. 

El abogado Carlos Guadamuz, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que el Estado de Nicaragua, representado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo infringen el derecho constitucional a que las penas no trascienden de la persona condenada y también "condenan" a los hijos".

Recalca que también violan el Artículo 46 de la Constitución Política nicaragüense que establece la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, en lo referente a lo no discriminación y protección contra los abusos. "Los funcionarios están en la obligación de respetar la integridad del menor y garantizar que no sean objeto de abusos", indica. y señala que privar a los menores de poder visitar a sus padres privados de libertad es un flagrante abuso.

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"El Artículo 9, inciso 3, de la Convención del Niño protege el derecho del menor a mantener contacto con sus padres y así lo establece también el artículo 59 de la Reglas Mandela. El Estado de Nicaragua no cumple con su obligación de proteger a los niños", insiste.

El psicólogo que pidió mantenerse en anonimato subraya que una conclusión de la prestigiosa investigadora  Nell Bernstein señala claramente que “el ver a su madre o padre siendo arrestado y llevado lejos es en sí mismo uno de los traumas más significativos que un niño o niña puede vivir, este trauma puede ser especialmente agudo si el arresto es violento o por la fuerza, lo cuál es más probable en contextos donde ha habido un cambio hacia una forma militarizada de la policía".

Es decir, el régimen Ortega-Murillo, en su deriva totalitaria, destruye el futuro de los hijos de presos políticos, algo que los organismos de derechos humanos han denunciado insistentemente.

Todos los hijos de los presos políticos deben visitar a sus padres y establecer contacto a través de llamadas y cartas", demandó este sábado la presidenta del CENIDH.

La defensora de derechos humanos advirtió que la dictaduras nunca ceden gratis en acciones como la de permitir la visita de los hijos de Tamara Dávila y Miguel Mora, y que podría haber "una trama o estrategia" o si en realidad el régimen actuó reconociendo ese derecho, pues "significaría que, hasta cierto punto, hay una luz de esperanza".

Finalmente, llamó a poner atención en que los regímenes dictatoriales no dan concesiones sino que son “logros de una lucha como la que libran los familiares de los presos políticos".