Régimen exhibe a Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Juan Lorenzo Holmann y Álvaro Vargas

El régimen de Daniel Ortega continuó exhibiendo a los presos políticos que se encuentran encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como El Chipote. Esta vez se trata de la opositora Tamara Dávila, el aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro y Álvaro Vargas, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes presentan un adelgazamiento extremo por la mala alimentación. 

Según medios oficialistas, los prisioneros Dávila y Maradiaga comparecieron en una “audiencia informativa” realizada por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien notificó a los opositores sobre cómo marcha el proceso judicial.

También señalan que los encarcelados supuestamente firmaron documentos que indican que su caso está en proceso en la Corte Suprema de Justicia. 

En el caso de Juan Lorenzo Holmann Chamorro compareció ante la juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, juez segundo distrito penal de Managua.

Además, el prisionero Álvaro Vargas fue llevado ante el juez Ángel Jean Carlos Hernández, juez cuarto distrito penal de juicio, quien le informó que supuestamente su apelación está siendo analizada.

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Según las imágenes compartidas, algunos de los detenidos lucen delgados y pálidos, tras un año en prisión en condiciones precarias. Esta semana los familiares de los presos políticos denunciaron que las autoridades habían reducido de forma drástica las raciones alimenticias en la cárcel El Chipote, "provocando más desnutrición y adelgazamiento extremo" a los opositores encarcelados.

Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como "traición a la patria" o lavado de dinero.

El defensor de derechos humanos y exiliado Pablo Cuevas dijo a periodistas que el régimen de Ortega muestra a los presos políticos como parte de una "campaña de terror" con el fin de "amedrentar a la ciudadanía nicaragüense".

"La dictadura dio un paso en falso con toda esta arremetida con la libertad religiosa y el secuestro de los sacerdotes y laicos y saben que internacionalmente ha incrementado el cuestionamiento, el desprestigio y la ilegitimidad", comentó, por su lado, la activista nicaragüense exiliada Haydée Castillo.

Según Castillo, las autoridades "buscan lavarse la cara ante la comunidad internacional".