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Nicaragüenses pagarán más de 31 millones de dólares por elecciones municipales de este año

De ese presupuesto de 31 millones de dólares, más del 40 por ciento se lo embolsará el FSLN y los partidos zancudos que le hacen el juego
elecciones en nicaragua
Elecciones en Nicaragua.
Agencia EFE

El pueblo de Nicaragua que paga sus impuestos, los pequeños, medianos y grandes comerciantes así como el empresariado en el país pagarán por las próximas elecciones municipales más de 31 millones de dólares, de los cuales por lo menos el 40 por ciento se lo embolsará el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) junto con los partidos políticos zancudos que participan en ese proceso electoral, según el más reciente análisis publicado por la organización independiente Urnas Abiertas (UA).

De acuerdo con el más reciente informe de Urnas Abiertas, el costo del proceso electoral municipal que organiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que participan además del FSLN, 4 organizaciones políticas más (PLC, PLI, Apre y ALN), tendrá un costo aproximado de 31.1 millones de dólares.

De ese monto total, por lo menos el 40 por ciento, será destinado para el llamado "reembolso electoral", que terminará en las cuentas bancarias del partido controlado por Ortega y Murillo y de los partidos zancudos que le hacen el juego a la dictadura en ese proceso en el que, al menos en teoría, deberían ser electos por voto universal, libre, directo y secreto 153 alcaldes con sus respectivos consejos municipales.

Actualmente el FSLN tiene 135 alcaldes en todo Nicaragua, como resultado de las cuestionadas elecciones municipales del 2017, aunque en la práctica, controla de facto todas las municipalidades del país mediante maniobras y presiones económicas ha logrado, en algunos casos, destituir a alcaldes opositores e imponer a sus subordinados políticos.

El informe de Urnas Abiertas detalla que el gasto gubernamental asignado al Consejo Supremo Electoral (CSE) normalmente ronda el 1% del Presupuesto General de la República (PGR) con los que debe financiar sus 4 programas permanentes que son: actividades centrales, cedulación ciudadana, Registro del estado civil de las personas y atención a partidos políticos. Sin embargo, en años de elecciones generales o municipales, el gasto de esa institución totalmente controlada por los sandinistas, puede ascender hasta casi al 3 por ciento del PGR.

De acuerdo con el estudio de UA, normalmente, en años electorales se designa un quinto programa bajo el cual se organiza todo el proceso electoral denominado “Elecciones”. Dicho programa es el más importante en esos años pues absorbe en promedio alrededor del 77% del gasto del CSE y el 2% o más del gasto total del estado.

El costo de las elecciones

Según el análisis realizado por el organismo independiente que le da seguimiento a los procesos electorales, el gasto asignado al CSE para organizar las elecciones generales y municipales ha ascendido en promedio al 2% del gasto total gubernamental para cada año.

Detalla que al CSE se le asigna, dentro de la partida para el programa “Elecciones” el reembolso a los partidos políticos que participan en los comicios. "Hasta antes de 2021, este monto ascendía al 1% de los ingresos ordinarios del Gobierno Central, en el caso de las elecciones generales, y el 0.5% de los mismos para el caso de las elecciones municipales".

"Según los cálculos elaborados por Urnas Abiertas, con base al PGR, las elecciones de 2006 costaron alrededor de 46 millones de dólares; luego las municipales de 2008 experimentaron una reducción en los costos del 51%, con un costo de 22 millones. Para 2011, en elecciones generales el gasto ascendió a 33.6 millones de dólares. El año siguiente, las elecciones municipales costaron un 42% más que las generales de 2011, con un costo de 47.8 millones", específica UA.

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Asimismo, revela que en 2016 se observaron las elecciones más caras pues hubo un aumento del 19% respecto a las municipales de 2012, con un costo total de 56 millones de dólares; mientras que las municipales de 2017 fueron menos costosas en un 32%.

Para el pasado proceso electoral en el que el dictador Ortega y la vicedirectora Rosario Murillo se autoproclamaron ganadores para el cuarto y segundo periodo consecutivo en el poder respectivamente, se estimó un costo de 44.6 millones de dólares; un 15% más que en 2017 pero 22% menos caras que las de 2016.

Mientras que para estas elecciones municipales que están programadas para el 6 de noviembre, su costo será de 31.1 millones de dólares "de los cuales más de un 40% es destinado para reembolso a los partidos participantes", dice el organismo.

Asimismo aclara que el costo del proceso electoral del próximo noviembre se elaboró a partir de los presupuestos ejecutados en el programa “Elecciones” del CSE. En 2016-2022 se incluyó lo reportado como reembolso electoral que se presupuesta el año siguiente de la correspondiente elección.

Artículo 86 de la Constitución Política de Nicaragua establece que "el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento ( 1 %) de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República correspondiente, para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que hubieren participado en las elecciones para Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta, Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano".

En tanto, ese mismo artículo de la Carta magna dice que "de igual forma se asignará una partida presupuestaria específica del punto cinco por ciento (0.5%) de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, destinada a reembolsar los gastos en que incurrieron los partidos o alianzas que hubieren participado en las elecciones Municipales".

Esa es la justificación legal que utiliza el FSLN para embolsarse millones de dólares para supuestos reembolsos por gastos de campaña, aunque ha sido muy divulgado y expuesto por analistas que el partido de gobierno no usa sus recursos para las campañas electorales sino que emplea recursos del estado.

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