Acusan por “conspiración” y “traición a la patria” a Roberto Larios, vocero de la CSJ en Nicaragua
Larios fue llevado a los juzgados esposado y vestido de azul. Un defensor público ejerció su "defensa" en la audiencia preliminar
La dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo acusaron a Roberto Emilio Larios Meléndez, eterno vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, figura jurídica que también es conocida como “traición a la Patria”.
100% NOTICIAS supo que el vocero del Poder Judicial de Nicaragua fue llevado a los Juzgados de Managua a las cinco de la tarde de este martes y fue puesto en manos de la sancionada jueza Nalia Nadezhda Ubeda Obando, quien ha condenado a otros presos políticos bajo la figura de este mismo delito.
Minutos antes que Roberto Larios fue llevado a los Juzgados, los trabajadores fueron enviados a sus casas, para evitar que se filtrara la información. A Larios le asignaron a Ramces Bustos, un defensor público para la audiencia preliminar.
100% Noticias supo que todos los trabajadores de la oficina de Larios Meléndez fueron llevados a el Chipote a declarar. En la oficina del complejo judicial, el régimen tiene empleado a paramilitares, uno de ellos muy conocido en redes sociales como “El Gato Sandinista”.
Roberto Larios Meléndez, quien era uno de los “apreciados” de la doctora Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue llevado a la audiencia preliminar esposado y vestido de azul.
El vocero de la CSJ fue detenido el pasado viernes en su casa de habitación de El Viejo, Chinandega. La policía lo esperaba y le dijeron que iban para Managua porque había una denuncia en su contra por un choque. También el conductor de Larios fue llevado a declarar al Chipote.
La dictadura Ortega-Murillo mantiene encarcelados a más de 200 opositores, los que han sido procesados y condenados por delitos fabricados con ayuda de los fiscales sandinistas en el Ministsterio Público. La comunidad internacional, así como organismos de derechos humanos han calificado estos procesos como "aberraciones jurídicas".
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