CIDH advierte que en Nicaragua no hay condiciones mínimas para elecciones municipales del próximo domingo

A menos de 72 horas de que se consuma la farsa electoral municipal que organiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes “su preocupación” por la ausencia en Nicaragua de “condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas”, por lo que demandó al régimen Ortega-Murillo el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas y el cese de la represión.
 
En un comunicado divulgado por la instancia regional defensora de derechos humanos, hacen ver que las votaciones del próximo 6 de noviembre, en la que  deberían elegirse a más de más de 6 mil cargos públicos, entre alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país, se celebrarán en un contexto de “represión contra la oposición política” con el fin de impedir su participación. Además, deploran la falta de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales.

Asimismo, la CIDH recuerda que el régimen Ortega-Murillo continúa con los encarcelamientos arbitrarios de opositores y ejemplifica con los casos de los integrantes del de la organización política Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), Raúl Oporta, líder de esa organización en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado, además de los reportes de al menos se registraron al menos diez detenciones de integrantes de UNAMOS y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos.

El organismo regional recuerda que la Policía sandinista apoyando a operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), “sustituyeron de facto” a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL).

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De igual manera, la CIDH enfatiza que el proceso “electoral” que organizan Ortega y Murillo ocurre en medio del “cierre y cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua. En particular, por las restricciones arbitrarias contra la libertad de expresión y de asociación”, así como “la persecución, hostigamiento, asedio policial en contra de trabajadores de la prensa, así como el cierre de al menos 54 medios de comunicación nacionales y la creación de un cerco de censura que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país”.
 
Otro aspecto que, según la CIDH es una traba para la realización de elecciones municipales libres y legítimas es la “prolongada detención arbitraria de más de 200 personas, entre ellas, opositoras políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como las graves condiciones en las que permanecen privadas de libertad”.

Por todo lo expuesto, la instancia regional expone que “lamenta la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas” y denuncia la “comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno”.

La CIDH insta al Estado de Nicaragua a que garantice “la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas” propias de un país donde impere el estado de derecho. Asimismo, demandó la libertad inmediata para todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras.