Tamara Dávila y Félix Maradiaga dan su testimonio en la OEA por encarcelamiento inhumano y desacato de Ortega

Los expresos políticos Tamara Dávila y Félix Maradiaga participaron en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se analizó la situación de Nicaragua. Dávila compartió su testimonio en la sesión y Maradiaga lo brindó de forma escrita. Cabe señalar que en la sesión se analizó “la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios” de las medidas provisionales de la Corte IDH.

Tamara Dávila estremeció con su relato a los jueces, pues expuso cómo fue víctima del régimen por ser mujer nicaragüense, feminista, defensora de derechos humanos y madre de una niña de 7 años.

“Al igual que centenares, fui secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada por la dictadura Ortega y Murillo, en la escalada represiva que mi país ha vivido después de abril del 2018. Organismos internacionales reportan al menos 355 personas asesinadas, y miles encarceladas. Eddy Montes fue asesinado en la cárcel. Hugo Torres, mi amigo, murió siendo preso político. Murió en manos del régimen. Mi testimonio no solo es mío, es colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquiera que sea “percibido” como opositor”, señaló ante el plenario.

También habló de las condiciones carcelarias inhumanas en las que estuvieron ella, Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.

“La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación el año 2021 y esta orden fue desacatada por el gobierno de Ortega-Murillo. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es liberación”, explicó Dávila.

 Asimismo, dijo que su detención fue muy violenta “para mi hija y para mí. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron la casa y desconectaron las cámaras de seguridad. Oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla”.

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Y entre todo el maltrato, el golpe más duro fue no saber nada ni de su hija ni de su familia. “Durante más de 80 días no supe nada de ella ni del resto de mi familia; ellas tampoco supieron nada de mí, esa fue la peor tortura. ¿Habrán secuestrado a mi hija, la habrán enviado a un orfanato? Durante 14 meses, al igual que decenas de nosotros, no pude ver a mi hija, ni siquiera en fotos. Tuve que hacer una huelga de hambre para que me permitieran verla en julio de 2022”, dijo con la voz quebrantada.

 “Imaginen a una niña de 5 años que presencia el asalto violento de su casa, el lugar que debía ser el más seguro para ella. Personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, su diario de nacimiento, su música y que además se llevan a su mamá. Ella le preguntaba constantemente a su abuela “¿Abu mi mamá está muerta? ¿Por eso no puedo verla?” Ese horror lo vivieron decenas de niñas, niños y familias en Nicaragua”, insistió.

Dávila denunció su expatriación y también que no puede reencontrarse con su hija, porque no le entregan un documento para que pueda viajar

“La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias, hijos e hijas; les intimida y vigila, impidiendo hasta ahora la salida de muchos para la reunificación”, prosiguió.

 “En Nicaragua hay más de 37 personas presas políticas, entre ellas el obispo Rolando Álvarez. Sufren torturas psicológicas y físicas diariamente. No podemos olvidarlas. Martin Luther King dijo que la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en TODAS partes. Esto incumbe entonces a la comunidad internacional y particularmente a las Américas”, esbozó con convicción.

 Dávila pidió que actúen por una transición democrática en Nicaragua, por la vida, la paz y la justicia. Por el fin de los crímenes y la impunidad.

“Señoras y señores embajadores, Nicaragua sigue necesitando de la voz y las acciones de sus países para lograrlo”, concluyó. 

Encarcelamiento inhumano, dice Maradiaga

Félix Maradiaga se presentó como defensor de los derechos humanos y excandidato presidencial de Nicaragua y expresó que pasó 611 días en la tristemente célebre cárcel “El Chipote”, en condiciones carcelarias inhumanas.

“Ortega y su esposa han desmantelado paulatinamente todos los derechos civiles y políticos”, señaló, al tiempo que denunció que hasta ahora, 3144 organizaciones sin fines de lucro, incluidas organizaciones de derechos humanos, grupos benéficos e instituciones educativas, también han sido declaradas ilegales y que miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política y del movimiento ciudadano prodemocracia, se han visto obligados a abandonar el país.

“Entre 2018 y el primer trimestre de 2023 han salido de Nicaragua más de 600.000 personas. Hoy en día, prácticamente toda la oposición, así como todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos, se han visto obligados a operar desde el extranjero”, especificó.

También denunció cómo Ortega expulsó a 222 presos políticos que volaron a Estados Unidos en  régimen de deportación, “figura legal que, según nuestra constitución, sólo es aplicable a los extranjeros”.

También habló de las 94 personas, entre ellas su esposa, Berta Valle, que fueron declaradas “traidoras a la patria” y también fueron despojadas de su nacionalidad y algunas incluso de sus bienes.

“El Estado de Nicaragua, el mismo que de manera grosera y arbitraria nos despojó de nuestra nacionalidad, dejando a 316 nicaragüenses apátridas, ratificó y se convirtió en parte plena de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas (de 1954) desde el 5 de junio de 2013; y de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia) de 1961) desde el 29 de junio de 2013. Todavía hay 37 presos políticos en Nicaragua, incluido Monseñor Rolando Álvarez, un querido amigo mío y obispo de mi propia diócesis”, prosiguió Maradiaga.

Ortega cerró las puertas al diálogo

Félix Maradiaga expuso cómo monseñor Álvarez ha sido condenado a 26 años de prisión y dijo que “la detención arbitraria de monseñor Álvarez es un ejemplo más de la persecución religiosa en Nicaragua”.

Un punto vital que expuso es que en Estados Unidos aún no hay fondos federales para cubrir algunas de las necesidades urgentes de las personas que llegaron en el vuelo 222 como expatriados.

“Este es un tema que hemos discutido con las autoridades de Estados Unidos, pero que también hay que señalar como una violación adicional a los derechos humanos, por parte de Nicaragua. Solicito a la OEA que tome en consideración este nuevo abuso a los derechos humanos y tome las medidas pertinentes en el marco del derecho interamericano”, recalcó.

Félix Maradiaga recordó que en septiembre de 2018 testifiqué ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar que el régimen orteguista estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad y que por eso se requería una acción urgente de Naciones Unidas, pero le dijeron que el foro para resolver la crisis debía ser en la Organización de los Estados Americanos.

“En cumplimiento a esa decisión de la ONU, recurrimos a la OEA. Sin embargo, poco tiempo después, Ortega ignoró por completo todas las resoluciones de la OEA y eventualmente rompió relaciones con la OEA. Todos los esfuerzos de diálogo político han fracasado. Ortega ha usado la buena voluntad de la comunidad internacional para destruir toda forma de oposición y resistencia cívica dentro de Nicaragua. En este sentido, es fundamental que la comunidad internacional pase a una nueva fase de presión diplomática, y que lo haga sin timidez. Ortega ya cerró todas las puertas a cualquier diálogo sincero. Por tanto, cualquier salida electoral, en las circunstancias actuales, es impensable”, dijo con convicción.

 Maradiaga asegura que la oposición nicaragüense ha hecho todos los esfuerzos necesarios para encontrar una salida pacífica y política, como los dos intentos frustrados de diálogo. Dijo también que en 2021, los principales líderes de la oposición acordaron participar en un proceso de elecciones primarias para elegir un solo candidato.

“Lo hicimos aún en medio de la represión y sin garantías de un proceso electoral libre y justo. Lo hicimos precisamente para demostrar nuestra voluntad de explorar todas las salidas democráticas a la crisis. Ortega, por su parte, recurrió a una mayor represión y al encarcelamiento de todos los principales candidatos de la oposición y otros líderes de la sociedad civil. Al arrestarnos a todos, Ortega ha dejado en claro que no tiene ninguna posibilidad de ganar unas elecciones libres y competitivas”, ratificó.

Finalmente, pidió que para que “nuestra acción cívica sea efectiva, pedimos un compromiso más coordinado de los países de las Américas, incluyendo para ello un respaldo a las decisiones de la Corte Interamericana y un rechazo absoluto al desacato del régimen de Ortega. También invito a una cooperación transatlántica adicional con la Unión Europea y a continuar la búsqueda de justicia a través de todos los instrumentos del sistema interamericano y universal de derechos humanos”.