Nicaragüenses detenidos en Semana Santa por motivos religiosos en limbo jurídico: ni los acusan ni los liberan

 El periodista Víctor Tikay reportó la realización de actividades religiosas a través de transmisiones en vivo, desde Nandaime, sin imaginar que este trabajo sería considerado delito por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mandaron a apresarlo y desde entonces su familia no lo ve al igual que a los demás detenidos en Semana Santa.

Era el Jueves Santo en un país en el que se prohibió todo tipo de manifestación religiosa durante la llamada Semana Mayor, cuando la policía orteguista llegó hasta la casa del hombre de prensa para secuestrarlo.

Desde ese día, ha pasado ya una semana y su familia aún no ha podido verlo, al igual que a los demás secuestrados en el contexto de hostigamiento religioso, pues a diferencia de secuestros anteriores, ahora no persiguen sólo a quienes postean algo alusivo a la oposición, sino a quienes profesan su fe.

“En el caso de Tikay, se supone que está detenido en el Distrito III de Managua, hasta donde llegan sus familiares a dejar alimentos y ropa, pero no lo han podido ver””, dijo a 100% Noticias una amiga del hombre de prensa.

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“La detención del colega Víctor Tikay, corresponsal de Canal 10 ocurrió este jueves 06 de abril, como una medida represiva y de criminalización de la labor periodística. El reportero informaba de actividades religiosas sobre el desarrollo de la Semana Santa en la ciudad de Nandaime, departamento de Granada, lo cual conllevó a su arresto sin justificación alguna”, escribió en un comunicado la agrupación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN.

Demás detenidos tampoco reciben visitas

En Nandaime, una ciudad ubicada en Granada, jóvenes y tradicionalistas decidieron vestirse de soldados romanos y de nazarenos,  para conmemorar lo que llaman la reseña.

Esa decisión fue motivo para que la policía sacara a sus efectivos y les diera persecución. En ese contexto de prohibiciones religiosas, dos personas perdieron su libertad:  Jimmy Bonilla y Enmanuel Gutiérrez.

La detención de ambos fue el Miércoles Santo, y tampoco han sido vistos por sus familiares.

Ya no existe plazo de 48 horas

Por otro lado, el Jueves Santo, un grupo de paramilitares detuvieron a Olesia Muñoz Pavón, quien fue encarcelada en el año 2018 por participar en las protestas cívicas de su municipio y liberada en junio de 2019.

Vecinos de Olesia Muñoz confirmaron a 100% NOTICIAS que en horas de esa tarde, un grupo de civiles llegaron a la vivienda, cuando practicaba cantos para la misa en su iglesia.

La vivienda de Muñoz Pavón está ubicada en uno de los costados de la Iglesia donde se congrega.

Según un abogado consultado por 100% Noticias, dijo que “la ley de Soberanía Nacional, estableció la audiencia constitucional, dejando 90 días para investigación. Con esa ley las 48h, no ahora ya no existen”.

Así que en esa ley se ampara el régimen para las detenciones ilegales, sin embargo, el hombre de leyes resaltó que es ilegal que no les permitan ser vistos por sus familiares.

“Las visitas son un derecho humano”, dijo el abogado que habló bajo anonimato, por temor a represalias.

Primero en los juzgados

El movimiento 19 de Abril denunció que su vicepresidente, Jasson Salazar, fue llevado a audiencia el 5 de abril.

“El día 13 de abril, nuestra organización tuvo conocimiento que nuestro vicepresidente y amigo, el líder estudiantil, Jasson Noel Salazar Rugama, tuvo una audiencia especial el 5 de abril, un día después de su detención ilegal y ha sido puesto a la orden del Juzgado Quinto de Managua”, reza parte del comunicado.

A Salazar su familia tampoco lo ha visto y su papá, Jasson Noel Salazar Ibarra, interpuso un recurso de exhibición personal el pasado 11 de abril que consta en el expediente judicial.

El MU19A concluyó el comunicado exigiendo que se respete la integridad física de Jasson Noel Salazar Rugama y su libertad inmediata, asimismo alertó a la comunidad nacional e internacional sobre esta nueva ola represiva donde se realizan persecuciones, amenazas, detenciones ilegales y destierros selectivos.