ONU: Nicaragua dio "nuevos pasos en dirección opuesta" a los derechos humanos

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central alertó este lunes en un informe que "Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos".

"Desde el pasado mes de febrero, Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos al imponer una serie de medidas arbitrarias a 222 personas excarceladas, que luego fueron deportadas a los Estados Unidos, y a otras 94 personas a las que les retiró la nacionalidad nicaragüense", dijo Oacnudh.

Según el Alto Comisionado, "las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones".

"Se han eliminado de una forma combinada derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país", subrayó la ONU.

MADRUGADA DEL 9 DE FEBRERO

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU repasó en el informe los hechos acontecidos desde el pasado 9 de febrero en Nicaragua, cuando durante la madrugada "222 personas privadas de libertad arbitrariamente (...) son trasladadas por el Gobierno al aeropuerto militar de Managua desde donde abordan un vuelo" a Estados Unidos.

La Oacnudh detalló que "en pleno viaje, supuestamente en cumplimiento de una resolución judicial del 8 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordena la 'deportación inmediata' de las 222 personas", pero "ninguno de los artículos citados de la normativa nicaragüense permitiría la deportación".

"En Nicaragua, la deportación es una figura legal del ámbito migratorio y aplicable a personas extranjeras, no a nicaragüenses. En los hechos, las 222 personas sufrieron un destierro", aseguró el organismo de la ONU.

Además, anotó, "al no haber estado previsto el destierro o deportación como pena para los delitos por los que estaban acusadas o condenadas las 222 personas, su expulsión viola el principio de legalidad, según el cual no se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".

Esa misma mañana del 9 de febrero, añade, la Asamblea Nacional "reforma el artículo 21 de la Constitución y aprueba la Ley Especial 1145 que Regula la Pérdida de Nacionalidad Nicaragüense a quienes se consideren 'Traidores de la Patria'. La reforma se llevó a cabo sin publicidad ni debate previos, en una sesión de menos de 30 minutos".

"La reforma no sería válida al establecer la propia Constitución de Nicaragua que cualquier reforma deberá ser discutida a lo largo de dos legislaturas (Art. 192). Al no ser válida la reforma, impera el Art. 20 de la Constitución, que señala: 'Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad'", remarcó la ONU.

PRIVACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Al día siguiente, en la mañana del 10 de febrero, "el Tribunal de Apelaciones de Managua publica una resolución judicial por la que se priva de la nacionalidad a las 222 personas -con base en la Ley 1145- al ser consideradas traidoras a la patria".

Sin embargo, expone la ONU, "no existe información sobre un juicio penal ni ningún otro tipo de proceso legal en el que se hubiera adoptado esta resolución y en el que las personas afectadas hubieran podido asumir su defensa".

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Además, ese mismo día, el obispo Rolando Álvarez, "que se resistió a la deportación, fue sentenciado sin juicio a 26 años de prisión, pérdida de nacionalidad y de derechos políticos".

El 15 de febrero, "el Tribunal de Apelaciones de Managua publica otra resolución contra 94 personas -algunas en el exilio y otras en Nicaragua- a las que también se califica de 'traidoras a la Patria', se las declara 'prófugas de la justicia'".

Pero, subrayó el Alto Comisionado, algunas penas que se les impusieron como "la inhabilitación para cargos especiales, pérdida a perpetuidad de los 'derechos ciudadanos' y confiscación de las propiedades, no" estarían previstas en la legislación nicaragüense.

QUINTO ANIVERSARIO

Estos acontecimientos se produjeron "en el marco de la crisis de derechos humanos" del que se cumplen cinco años.

El 18 de abril de 2018 comenzaron una serie de manifestaciones en las que miles de nicaragüenses saldrían a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del Gobierno de Daniel Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.