Barrida en Poder Judicial, despiden a decenas de funcionarios por desconfianza y porque intentaron salir de Nicaragua

100% Noticias, tuvo conocimiento del despido de unas 40 personas de varios niveles en el Poder Judicial de Nicaragua. La cacería se centra en personas que han generado desconfianza y otros porque intentaron salir de Nicaragua sin autorización. 

Las notificaciones de despido se hicieron durante toda esta semana. Entre los corridos está Natalia Delgado Machado, hija de Ruy Delgado López, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidosn en junio del año pasado, y estaba a cargo de la dirección de la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINAS. 

"A partir de jueves y viernes no los dejaron entrar a sus despachos y oficinas" comentó una fuente a 100% Noticias. 

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Actualmente todos los funcionarios del poder judicial están con restricción migratoria y toda autorización para salir del país tiene que "venir del Carmen", que es la casa donde viven y despachan la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Natalia Delgado era asesora del exmagistrado y ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien renunció, se exilió en Costa Rica y está ahora en condición de apátrida desde el pasado 15 de febrero. Delgado luegoo pasó a ser asesora de la Sala de lo Contencioso Administrativo, bajo las órdenes de la magistrada Yadira Centeno.  

Otro de los que supuestamente está corrido del cargo es Gary Dominguez Bonilla, quien es asesor de magistrados y es hijo de la exdiputada del PLC, Jamileth Bonilla "trató de salir del país y lo corrieron".

Algunos bajo investigación

Otra fuente en el poder judicial dijo a 100% Noticias que entre los despedidos, hay gente que tienen bajo investigación y hablan de acusados, pero sus casos no aparecen en el sistema Nicarao. Es el Magistrado vicepresidente, Marvin Aguilar quien está de encargado de hacer la limpieza. 

Todo este movimiento también ocurrió en la noche de los cuchillos largos, cuando la dictadura ordenó la detención de 57 personas consideradas opositoras y periodistas independientes. Los detuvieron el 3 de mayo, los acusaron de traición a la patria y luego los liberaron bajo condición de presentación diario para firmar en la estación policial de su municipio. 

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La "limpieza es porque tienen dudas" y abarca a personal de todos los poderes del estado.  Entre los castigados hay jueces, asesores, y asistentes judiciales.