Aprueban cárcel para policías desertores en Nicaragua y policía deja de ser "apolítica" en constitución

La Asamblea Nacional dominada por diputados sandinistas aprobaron este miércoles con 90 votos a favor y cero en contra, una reforma a la Constitución Política. También aprobaron con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, una reforma a la Ley N°. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que se elimina la naturaleza "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante" de esa institución, y se ofrece cárcel a los oficiales desertores y desobedientes. 

Las iniciativas, fueron aprobadas con carácter de urgencia, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, y reformaron el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad.

Eliminaron el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado "profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante", así como "de naturaleza civil".

Además, subordina la Policía Nacional al Presidente de la República, en este caso a Daniel Ortega.

Actualmente, según la Constitución, la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, se rige "en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia" y que "estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente".

"La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia", señala la propuesta.

Cárcel para desertores 

En la  reforma a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, los diputados sandinistas incluyeron tres nuevos artículos para castigar a los oficiales desertores y desobedientes.

Sobre la deserción, establece que "el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión".

Porras recuerda protestas sociales en 2018 

Antes de ser aprobada en lo general, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional y militante sandinista, Gustavo Porras tomó la palabra para defender las reformas presentadas, principalmente la enmienda constitucional en la que la Policía solo responderá a las órdenes del presidente, en este caso el dictador Daniel Ortega.

En su intervención, Porras dijo que no se puede repetir lo que ocurrió en 2018, en referencia a las protestas sociales contra Ortega "La delincuencia financiada por los Yankees internos y con la participación de algunos que creían que la revolución no tenía arraigo y que no estaban claro, aquí vamos a vivir todos, hasta a su nacionalidad renuncian con sus acciones, lo peor fue el asesinato para hacer terrorismo".

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Según el presidente del parlamento, los supuestos "crímenes" se cometieron porque la Policía estaba "acuartelada", por lo cual considera que no debe volver a repetirse "pidieron acuartelar a la policía y eso dio como resultado que las fuerzas del mal quemaran los cuerpos de la gente, destruyendo la vida de los nicaragüense (....) ¿cuál es la principal función de la policía?, preguntó, al mismo tiempo, señaló que el "imperialismo" quería supuestamente "destruir el orden social interno" en el país.

Por otro lado, señaló que la Policía de Nicaragua es la única institución de seguridad que no sanciona a sus miembros cuando estos desobedecen una orden o desertan. 

Subcomisionados y policías en EEUU

Esa reforma surge luego de que el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán revelara que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en el departamento de Matagalpa (norte), desertó de las filas policiales y se fue a Estados Unidos.

"Bienvenida al imperio yanki agresor de la robo-ilusión", en referencia a la revolución sandinista de 1979, escribió Morazán, un abogado experto en administración de justicia que da seguimiento a las deserciones de sandinistas en el Gobierno y en el Estado.

Junto a la oficial, según Morazán, viajaron a Estados Unidos un matrimonio conformado por los militantes sandinistas Juan Alberto Soza Jarquín y Gabriela Alejandra Rayo Castro.

Rayo Castro fue convocada como testigo en el juicio en contra del obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos junto con otros 222 opositores.

"Actualmente en el Estado (de Nicaragua) nadie confía en nadie", afirmó Morazán, que renunció como trabajador del Poder Judicial en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Análisis de Elvira Cuadra

Elvira Cuadra, investigadora y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), considera que ambas iniciativas de reformas se enmarcan dentro del contexto de la institucionalización de un estado policial en Nicaragua. Ahora se criminaliza las deserciones y esto se explica por las fugas de oficiales de policías y hasta jefes policiales que emigran a Estados Unidos. 

“Otros elementos que se modifican en la Constitución y en la Ley tienen que ver con el papel profesional apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que está señalado en la Constitución y en la Ley, pero que ahora aparecen completamente desplazado y eso hace que la Policía entonces sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la presidencia sin ningún tipo de principios ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas del ejecutivo”, expresó Cuadra. 

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Con información de EFE