Reportan 78 reos de conciencia en Nicaragua, según Mecanismo para el Reconocimiento de presos políticos

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizó la lista de presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua e informa sobre las dramáticas condiciones carcelarias y las graves violaciones a los derechos humanos.

Según indican en un informe, la lista presentada es una actualización de la información de personas presas políticas que permanecen en cárceles en Nicaragua producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril 2018.

La lista recoge a 78 presos políticos, de ellos 68 están detenidos a partir de abril 2018 mientras que los otros diez estaban desde antes.

El período del presente informe abarca del 20 de junio al 31 de julio 2023, reconoce que en ese periodo detuvieron a 14 nicaragüenses y fue elaborado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

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Asimismo, señalan que en la lista solo están las personas presas políticas de quienes obtuvieron acceso y autorización de sus familiares para su publicación.

“El presente acápite aborda las cifras de personas detenidas arbitrariamente entre el 20 de junio y 31 de julio 2023, cuya captura podría estar relacionada con motivos políticos. Sin embargo, los siguientes datos no necesariamente coinciden con el número de personas presas políticas agregadas a la lista de este mes, ya que no en todos los casos se cuenta con toda la información y/o se agotaron los procesos de verificación según criterios establecidos por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”, aclararon.

Cabe destacar que el informe evidencia que aunque es notable la disminución de detenciones arbitrarias durante el mes de julio, las violaciones a los derechos humanos en la población persisten, especialmente en lo que respecta a la libertad de culto y expresión.

“Las personas pertenecientes al clero religioso son las más afectadas, experimentando hostigamientos, amenazas y medidas administrativas como el congelamiento de cuentas bancarias, lo cual ha sido reportado por varias entidades religiosas”, insistieron.

Hostigamiento policial

Por otro lado, también señalan que en las últimas semanas han sido testigo de “amenazas y hostigamientos dirigidos hacia la población. Este incremento se manifiesta a través de visitas domiciliarias de agentes de la Policía Nacional, quienes interpelan a los residentes acerca de sus actividades cotidianas”.

Según las denuncias, les exigen informar cualquier movimiento fuera del hogar, sumado a la prohibición de encuentros y reuniones con terceros. “Teléfonos móviles y computadoras de los residentes son inspeccionados sin presentar orden o justificación alguna. Frente a las inquietudes planteadas, los agentes simplemente responden que se encuentran "bajo investigación", denuncian.

También apuntan que un patrón constatado en el período abordado en el informe es la falta de información proporcionada a las familias de los detenidos. Además de ser aprehendidos de forma arbitraria, la Policía Nacional ha omitido comunicar el paradero de los detenidos, lo que provoca ansiedad y desasosiego en sus seres queridos.

Las autoridades rechazan suministrar datos de manera deliberada, dejando a las familias en la incertidumbre, insisten.

“Gran grupo de los detenidos han permanecido en lo que se ha denominado desaparición forzada por ocultamiento de paradero durante semanas y meses. Durante este periodo, los derechos de estas personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada”, admiten.

Asimismo, apuntan que el ambiente de represión ha instaurado un temor palpable en cuanto a presentar denuncias o divulgar información acerca de las personas detenidas. Al cierre de este informe, se encuentran más de 20 casos en estudio e intentando lograr un contacto con las familias afectadas, lo cual dificulta la tarea de registro y reconocimiento como tal.