Rosario Murillo defiende nacionalidad otorgada a defensores de su régimen y prófugos de la justicia

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo defendió el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a ciudadanos que simpatizan abiertamente con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega. Al mismo tiempo, atacó a las voces disidentes que han sido desterradas y exiliadas. 

“Personas que le han fallado a Nicaragua que están fuera de Nicaragua por gracia de Dios porque ellos mismos se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a la familia nicaragüense”, dijo Murillo, cuyo régimen retiró la nacionalidad a 316 opositores, incluidos periodistas, activistas y clérigos. 

Asimismo Murillo dijo que hay extranjeros que defienden a Nicaragua y se sienten orgullosos “hay hermanos de otros países y pueblos que han defendido al pueblo nicaragüense, a la familia de nicaragüenses, las verdades históricas de Nicaragua y que hoy son familia nicaragüenses, orgullosos, además y nosotros orgullosos de que tantos hermanos del mundo quieran ser parte de esta gran familia”.

Sin embargo, los ciudadanos que han recibido la nacionalidad pinolera no es precisamente por defender al pueblo nicaragüenses sino porque huyen de la justicia en sus países; y en Nicaragua encuentran la impunidad que solo ofrece Daniel Ortega en la región. 

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Por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a individuos que son perseguidos por casos de corrupción, entre ellos los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Funes llegó a Nicaragua en 2016 y el 30 de julio de 2019 recibió la nacionalidad en Nicaragua.

Dos años después el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, y su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez, todos fueron nacionalizados nicaragüenses. 

También resaltan casos como los dos antiguos colaboradores del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país.

Los hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández, fueron nacionalizados nicaragüenses.