Suben a 78 las personas reconocidas como presas políticas en Nicaragua

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas indicó que ya contabilizan a 78 ciudadanos nicaragüenses a los que la dictadura Ortega Murillo mantiene bajo esta condición en penales, distritos policiales y hospitales.

Según el informe correspondiente a julio, la cifra de personas presas políticas para el mes de junio fue de 64, de las cuales hasta la fecha ninguna ha sido liberada y a ellas se le suman 14 personas que el Mecanismo reconoce como detenidas por motivos políticos en el período abarcado, llegando así a un total de 78.

“Las personas añadidas a la lista fueron en su mayoría detenidas de manera arbitraria durante la escalada represiva del mes de mayo 2023, dirigida a miembros de la Iglesia Católica, miembros del clero religioso, opositores y activistas políticos que aún permanecían en el país y estaban vinculados a algún espacio social o político”, señala el mecanismo.

De las 14 personas presas políticas ingresadas en el presente informe dos fueron detenidas en abril, 10 en mayo y una en junio. También se incluye a una persona que fue recapturada en 2022, pero que debido a amenazas y presiones a su familia habían decidido no denunciar por miedo a represalias.

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“Si bien es notable la disminución de detenciones arbitrarias durante el mes de julio, las violaciones a los derechos humanos en la población persisten, especialmente en lo que respecta a la libertad de culto y expresión. Las personas pertenecientes al clero religioso son las más afectadas, experimentando hostigamientos, amenazas y medidas administrativas como el congelamiento de cuentas bancarias, lo cual ha sido reportado por varias entidades religiosas”, señala el mecanismo.

Hostigamiento policial

Por otro lado, el informe denuncia nuevamente que en las últimas semanas han sido testigo de amenazas y hostigamientos dirigidos hacia la población y que este incremento se manifiesta a través de visitas domiciliarias de agentes de la Policía Nacional, quienes interpelan a los residentes acerca de sus actividades cotidianas.

“Denuncias han reportado la exigencia de informar cualquier movimiento fuera del hogar, sumado a la prohibición de encuentros y reuniones con terceros. Teléfonos móviles y computadoras de los residentes son inspeccionados sin presentar orden o justificación alguna. Frente a las inquietudes planteadas, los agentes simplemente responden que se encuentran bajo investigación", señalan.

Familiares de personas presas políticas

El mecanismo denuncia que se sigue manteniendo el patrón de la falta de información proporcionada a las familias de los detenidos. Además de ser aprehendidos de forma arbitraria, la Policía Nacional ha omitido comunicar el paradero de ellos, lo que provoca ansiedad y desasosiego en sus seres queridos.

“Las autoridades rechazan suministrar datos de manera deliberada, dejando a las familias en la incertidumbre. Gran grupo de los detenidos han permanecido en lo que se ha denominado "desaparición forzada por ocultamiento de paradero" durante semanas y meses. Durante este periodo, los derechos de estas personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada”, insisten.

De las 68 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 65 se encuentran recluidas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, una en un hospital capitalino y dos en casa por cárcel.

En total, el Mecanismo contabiliza 14 personas excarceladas políticas  recapturadas.