Denuncian secuestro de socióloga capitalina por parte de la policía

Este martes, se reportó el secuestro policial de Melba Damaris Hernández, socióloga de 54 años de edad a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la mandó a sacar de su casa de habitación.

“Melba Damaris Hernández, socióloga de 54 años de edad fue secuestrada por la #DictaduraOrtegaM fue secuestrada por la #DictaduraOrtegaM este lunes 28 de agosto en su casa de habitación en Managua. Y trasladada hoy martes 29 de agosto a la cárcel de mujeres La Esperanza. Exigimos su libertad @CIDH @OACNUDH”, denunció la opositora Haydée Castillo.

Melba Damaris Hernández se convierte en la presa política número 79, según la reciente actualización hecha por el Mecanismo de reconocimiento de las personas presas políticas en Nicaragua.

Lea más: Suben a 78 las personas reconocidas como presas políticas en Nicaragua

Se supo de manera extraoficial que no hay contacto alguno con sus familiares, ella era cercana al grupo de feministas de la Universidad Centroamericana, UCA. Asimismo, se conoció que vivía sola, porque es viuda.

Actualización de informe

Según el informe correspondiente a julio, la cifra de personas presas políticas para el mes de junio fue de 64, de las cuales hasta la fecha ninguna ha sido liberada y a ellas se le suman 14 personas que el Mecanismo reconoce como detenidas por motivos políticos en el período abarcado, llegando así a un total de 78.

“Las personas añadidas a la lista fueron en su mayoría detenidas de manera arbitraria durante la escalada represiva del mes de mayo 2023, dirigida a miembros de la Iglesia Católica, miembros del clero religioso, opositores y activistas políticos que aún permanecían en el país y estaban vinculados a algún espacio social o político”, señala el mecanismo.

De las 14 personas presas políticas ingresadas en el presente informe dos fueron detenidas en abril, 10 en mayo y una en junio. También se incluye a una persona que fue recapturada en 2022, pero que debido a amenazas y presiones a su familia habían decidido no denunciar por miedo a represalias.