Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo, señala informe de CETCAM

Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo que incluye la concentración de poder, señala el informe “Autoritarismo en Centroamérica, persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, que realizó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

El informe analiza los elementos más relevantes de la tendencia autoritaria en la región y su relación con la persecución judicial para “castigar” a los funcionarios públicos y todos aquellos que se atrevan a investigar casos de corrupción dentro del Estado.

Además del autoritarismo, CentroaméricaCentroamérica atraviesa por un aumento de la corrupción y cooptación entre las élites, el establecimiento de la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos, hasta la instrumentalización del órgano judicial para perseguir a funcionarios que por imperativo legal investigan y juzgan actos de corrupción.

En una presentación desde San José, Costa Rica, CETCAM señala que en la región se promueve la persecución penal ilegítima “En muchos casos, principalmente en Nicaragua y El Salvador, se ha usado al sistema penal como instrumento y herramienta política para desplazar los derechos de las personas que se persigue e investiga, violentado los límites supralegales de derechos humanos con el objetivo de realizar actos contrarios a los mismos. De esta manera es que los regímenes políticos controlan y neutralizan a los grupos críticos, opositores o personas consideradas una amenaza contra ellos, pretendiendo legalizar estos actos arbitrarios y despóticos perpetrados”.

En este sentido, el informe señala que se han creado una serie de leyes especiales para perseguir a la disidencia, los medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil y, así evitar la competencia política, la libertad de información y la fiscalización de la actuación pública.

“La relación entre lawfare y autoritarismo, se caracteriza por la centralización de poder y el ejercicio de este en separación de la institucionalidad democrática, consiste en la necesidad de eliminar cualquier tipo de contrapeso institucional que limite el poder político”, explica CETCAM.

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Agrega “Se ha logrado observar que la región enfrenta por un lado, casos de judicialización de la política, como en Nicaragua y El Salvador, y casos de judicialización de la función fiscalizadora de los actos públicos, dada la persecución a jueces y fiscales en Guatemala, y persecución a periodistas y organismos de la sociedad civil en Honduras, junto con normas penales limitadas para sancionar los actos de corrupción, blindando a los corruptos y generando con ello, implícitamente, mayor capacidad de penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Estado”, detalla el informe.

Constante violación de DDHH

Asimismo, el estudio de CETCAM resalta invidivualmente la situacion que enfrenta cada pais en centroamérica y cómo ciertas condiciones han generado permear de legalidad los actos de persecución y de constante violación de derechos humanos a sus ciudadanos.

Por ejemplo, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega es creador de una orden legal para criminalizar a la oposición política. En El Salvador, Nayib Bukele “configurar un régimen autoritario al amparo de la lucha contra las pandillas”.

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Guatemala, tampoco se queda atrás al capturar a la administración de justicia por un pacto entre corruptos y, a Honduras por transitar del autoritarismo de Juan Orlando Hernández al nepotismo de los Zelaya.

“Mientras la judicialización de la fiscalización y de la actividad política es una realidad manifiesta en los casos objeto de estudio, la impunidad se convierte en un derrotero claro de los regímenes políticos. Visto más desde una perspectiva sistémica, esto contribuye al arraigamiento de una cultura de impunidad en la región, entendida como una omisión deliberada de afrontar las violaciones a la legalidad y la perpetración de actos de corrupción y crímenes al amparo del Estado”, considera CETCAM.

CETCAM señala que más allá de la actual situación, en la región centroamericana existen grupos políticos y sociales que le hacen contrapesos a los grupos que detentan el poder, “esto sienta una esperanza de cambio, fundamentales en las transiciones políticas que nuestros países requerirán para hacerle frente no solo a estos problemas tan graves de autoritarismo, sino también a la marginalidad, la pobreza y la migración que desgarran junto con la violencia a nuestras sociedades y sus tejidos”.

Presidencialismo sobre balance de poderes

Por su lado, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra coincidió en que "el caso más crítico es el de Nicaragua", donde la pareja gobierna con mano de hierro.

En general, Cuadra dijo que en Centroamérica se ha reforzado el presidencialismo y la centralización en la toma de decisiones. También que se ha dado una ruptura del balance e independencia entre los poderes, "como consecuencia del reforzamiento del presidencialismo", indicó.

Además, agregó, se han "militarizado las sociedades" bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus, además por los graves problemas de inseguridad y violencia que prevalecen en toda la región.

Sobre el "militarismo y militarización", Cuadra, quien es experta en temas de defensa y seguridad, afirmó que se ha dado un "resurgimiento de políticas de seguridad de carácter coercitivo y punitivo para responder a descontentos, conflictos y demandas sociales".

Es decir, puntualizó, los gobiernos de la región están haciendo uso de la fuerza "para contener descontentos, conflictos y movilización social" y con ese fin han creado "marcos jurídicos para dar preeminencia a fuerzas armadas y decisiones coercitivas".

ONG y defensores amenazados en Centroamérica

Asimismo, advirtió que "las organizaciones sociales se encuentran amenazados por los nuevos autoritarismos" a través de la creación de marcos jurídicos que limitan el derecho de asociación, el ocultamiento de información, la instrumentalización de los aparatos judiciales para perseguir y controlar a las ONG, los discursos que criminalizan a organizaciones y defensores de derechos humanos.

"Todo aquel que trabaje en la construcción de la democracia es víctima del autoritarismo", razonó la también investigadora Katherine Ramírez, autora del informe "Defensores bajo ataque".

Según Ramírez, los activistas en la región son víctimas de allanamientos y confiscaciones, detenciones "express", hostigamientos, campañas de difamación, destierro y exilio forzado, desnacionalización, persecución judicial, y asesinatos selectivos.

"Los gobiernos autoritarios de la región buscan desmovilizar a los defensores de los derechos humanos porque denuncian los abusos del poder y representan una amenaza para sus proyectos autoritarios", valoró.

El abogado e investigador nicaragüense Juan Diego Barberena insistió que Nicaragua, cuyas autoridades tienen como objetivo preservar el poder político, "es el país que ha iniciado estas prácticas, y los demás países se han sumado y han perfeccionado el autoritarismo".

En su estudio, concluyó que en El Salvador se ha configurado "un régimen autoritario al amparo de la lucha contra las pandillas", en Guatemala la administración de justicia está bajo el control del "pacto de corruptos" (élite política y económica), y en Honduras se ha pasado del autoritarismo del expresidente Juan Orlando Hernández "al nepotismo de los Zelaya-Castro".