Casi 2 mil despedidos en poder judicial de Nicaragua, exfuncionarios presos trasladados a penal de Tipitapa

La crisis en el aparato judicial de Nicaragua persiste y se intensifica, con la continua ola de destituciones que afecta a empleados administrativos y funcionarios de carrera judicial. Hasta la fecha, se registran 1,800 despidos, marcando una alarmante escalada en las acciones que comprometen la estabilidad y autonomía del sistema judicial.

Entre los últimos afectados se encuentra la Dra. Marielos Mendoza Espinoza, ex Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Granada y Asesora de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, figuran en la lista una asesora y un asesor del magistrado Armengol Cuadra, este último siendo Adac Moncada, hijastro de Cuadra y vinculado al Complejo Judicial Central Managua. También, la hija de Carlos Alberto López Tinoco, sindicalista y partidario de la dictadura, fue despedida, evidenciando la falta de lealtad del régimen hacia sus seguidores, precisó una fuente a 100% Noticias.

No obstante, el alcance de las destituciones no se limita a figuras prominentes, sino que afecta a empleados anónimos que, de manera abrupta, son despedidos sin papeles, liquidación, o consideración por su antigüedad y aportes al fondo de pensiones de carrera judicial.

Según testimonios recabados por 100% Noticias, el clima de terror en las sedes judiciales es palpable. La vigilancia se ha intensificado al punto de que los empleados deben registrarse incluso para acceder a servicios básicos como el baño. Listas de despidos son exhibidas en las zonas de acceso, y agentes de seguridad impiden la entrada a aquellos que se suman diariamente a estas listas.

Fuentes internas revelan que el personal de la Secretaría de la Corte y la Dirección de Carrera Judicial se encuentran abrumados por la cantidad de acuerdos para destituciones, generando un ambiente de nerviosismo y presión. Además, se informa que el nuevo Secretario General Administrativo, Roger Eduardo Martínez Domínguez, está siendo señalado por supuesta "malversación de fondos y uso indebido de recursos".

Traslados a cárcel "La Modelo" y "El Chipote"

La situación se agrava con la reclusión de exfuncionarios judiciales en "La Modelo" sin ser puestos a disposición de un juez, y la falta de acceso a visitas y asistencia legal. 

La crisis en el poder judicial se originó el 21 de octubre pasado, cuando la policía sandinista tomó la Secretaría General Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, destituyendo al titular Berman Martínez Martínez, bajo la dirección del Comisionado General Horacio Rocha, Asesor Presidencial para Asuntos de Seguridad.

El martes 24 de octubre, Rocha destituyó a la Presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, confinándola en régimen de casa por cárcel. Otros magistrados han sido impedidos de ejercer, evidenciando un ataque sistemático al sistema judicial. 

La reciente reforma constitucional, que elimina la asignación del 4% del Presupuesto General de la República al Poder Judicial, y otra que afecta los derechos laborales de empleados estatales, agudizan la vulnerabilidad de la institución.

La crisis en el aparato judicial no solo se traduce en despidos masivos, detenciones arbitrarias, sino que también ha dado lugar a una sistemática vigilancia y control sobre los empleados restantes. Testimonios de trabajadores indican que la presión ha llegado al extremo de impedirles acceder a servicios básicos, como el baño, sin previo registro en listas controladas por oficiales de policía vestidos de civil.

El nuevo Secretario General Administrativo, Roger Eduardo Martínez Domínguez, es señalado de supuesta malversación de fondos y manejo inapropiado de los recursos institucionales. Fuentes internas indican que, junto con agentes policiales que han tomado el control del Poder Judicial, están realizando un uso irregular de la caja chica y de la asignación de combustible de la institución. Estas acusaciones de corrupción plantean interrogantes sobre la integridad financiera del poder judicial y la transparencia en la gestión de recursos.

LEER MÁS: Dictadura de Daniel Ortega empieza a devorarse a sí misma con el robo a derechos laborales de empleados públicos

Además, se ha informado que exempleados judiciales detenidos se encuentran en condiciones precarias. El traslado de estos empleados de la Corte al Sistema Penitenciario Nacional conocido como "La Modelo", sin previa presentación ante un juez, genera preocupaciones en sus familiares sobre la violación de sus derechos legales. Familiares denuncian la falta de acceso a visitas y asistencia legal, creando un ambiente de incomunicación que eleva la gravedad de la situación.

Los individuos trasladados al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como "La Modelo", según la información proporcionada, son:

Marvin Canda, Funcionario administrativo.
Álvaro Carcache, Director de Infraestructura.
Alberto Carcache, Ingeniero, hermano de Álvaro Carcache.
Miguel Torres, Ingeniero, del área de Infraestructura.
Raiti Morales, Asesor de la Dra. Alba Luz Ramos.

Además, se menciona que otros exfuncionarios del Poder Judicial se encuentran privados de libertad, incluyendo a Berman Martínez (ex Secretario General Administrativo), que lo regresaron al Chipote y Martín García, ex director de Informática.

Según los testimonios de familiares, estos detenidos no han tenido derecho a visita ni a asistencia legal, y se encuentran en condiciones de incomunicación, generando preocupación por posibles violaciones a sus derechos legales.

En el contexto de la crisis, se destaca la destitución de la Presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, y de otros magistrados, evidenciando la toma mano militar de la CSJ. Actualmente, solo dos magistrados, Marvin Aguilar y Juana Méndez, permanecen ejerciendo funciones, señalando un claro intento de reconfiguración del poder judicial según las directrices del régimen.

SEGUIR LEYENDO: Presupuesto para el poder judicial ahora estará a discreción de Daniel Ortega y Rosario Murillo

La reciente reforma constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional, representa un golpe adicional a la independencia del Poder Judicial, aunque en la práctica esta "independencia" que era por ley no se aplicaba por el alto control y dominio de Frente Sandinista en todo el aparato judicial.

Eliminar la asignación del 4% del Presupuesto General de la República destinado a este órgano, y dejar a discreción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la partida presupuestaria, preocupa a quienes todavía no han sido despedidos ya que este poder del estado queda más frágil en su capacidad para operar de manera autónoma y sin injerencia del poder ejecutivo. Ahora el presupuesto lo asignará Hacienda y no necesariamente será el 4% que antes era constitucional.